Después de permanecer casi 20 días oculto, el conocido abogado Santiago Graffigna se entregó ayer en la Central de la Policía de la provincia. Junto a su colega Horacio Alday, está implicado en una causa de estafa que deriva del escandaloso caso de las expropiaciones y la jueza María Inés Rosellot había ordenado su captura. Como no le concedieron la eximición de prisión, minutos antes de las 15.00 se presentó en el edificio de calle Entre Ríos y quedó detenido en uno de los calabozos a la espera de ser indagado. Visiblemente demacrado, aseguró que todo este tiempo estuvo en San Juan.

"Yo siempre he estado a disposición de la Justicia, hoy he venido a comparecer personalmente para notificarme de la resolución de la jueza", dijo Graffigna mientras era trasladado a una de las oficinas internas de la Central de Policía. Al mismo tiempo, afirmó que desde que se libró la orden de arresto en su contra estuvo "todo el tiempo" en la provincia.

El abogado seguirá preso, por lo menos, hasta que Rosellot le tome declaración indagatoria. Luego de escucharlo, la jueza tendrá que decidir si lo procesa por supuestamente estafar a antiguos dueños de terrenos expropiados o si dicta su sobreseimiento.

El caso que lo involucra se desprende directamente de la megacausa de expropiaciones que impulsa el Gobierno. La gestión giojista hizo la denuncia, porque presume que en los juicios de expropiaciones hay una red de jueces, funcionarios y abogados, entre los que se menciona a Graffigna y Alday, que trabaja coordinadamente para inflar el precio de los terrenos y sacarle millones de pesos de más a la provincia.

Graffigna y Alday eran los abogados de propietarios de terrenos expropiados en Cuesta del Viento y quedaron complicados a partir de la declaración que dieron algunos de ellos en la megacausa. Por ejemplo, una familia aseguró que los letrados les entregaron 160 mil pesos, cuando en realidad el Estado pagó más de 1 millón de pesos por el inmueble. De ahí que, a pedido del fiscal del caso, Rosellot abrió un nuevo proceso y mandó a detenerlos como sospechosos del delito de administración fraudulenta (ver aparte).

Fuentes que participan de la investigación indicaron que Graffigna estuvo en una zona montañosa al Oeste de la provincia. Es más, contaron que un efectivo de las fuerzas de seguridad aparentemente lo vio ayer cuando bajaba para entregarse.

Por el contrario, Rolando Lozano, uno de los defensores de Graffigna, aseguró que su cliente "estuvo en su casa todo el tiempo". Además, negó que hay existido "administración y mucho menos fraudulenta" y anticipó que en la indagatoria aportará elementos en ese sentido.

Mientras tanto, Alday parece estar lejos de tomar el mismo camino. Su abogado, Fernando Echegaray, dijo ayer que no se entregará hasta que no le garanticen que quedará en libertad.

Aunque no tienen ninguna participación como parte, en el gobierno miran de cerca lo que pasa en la nueva causa. Pasa que si se comprueba que hay dinero que quedó en el camino, fuentes calificadas aseguraron que reforzaría la teoría de que podría haberse usado para pagarles a los integrantes de la presunta organización delictiva que le saca provecho a las expropiaciones.