La Cámara de Diputados tratará hoy la renuncia de la jueza de Cámara Catalina Cúneo de García, quien se va para jubilarse con el 82%. La dimisión se da justo cuando su actuación está en la mira de la Fiscalía de Estado por el escándalo de las expropiaciones. Pasa que ella, junto a sus colegas Moisés Moya (ya se jubiló) y Humberto Caballero (renunció y espera la resolución de la Anses) avalaron dudosas sentencias de primera instancia en juicios expropiatorios que le causaron un perjuicio millonario a la provincia y al poco tiempo, cambiaron de criterio, sin fundamentos, en otras causas. Por ese giro de 180 grados, en el organismo que defiende los intereses de la provincia aseguraron ayer que están analizando pedir su destitución y la de Caballero, mientras que contra el exjuez hay en estudio una denuncia Penal.

La renuncia de Cúneo de García es condicionada a que la Anses le dé el beneficio en forma definitiva y aunque los diputados se la acepten, seguirá siendo jueza hasta ser notificada de la resolución del organismo previsional. Significa que sigue estando a tiro de un eventual Jury (pedido de remoción) en su contra, aunque hay dudas de si darán los tiempos como para llevar adelante el proceso.

En Fiscalía sospechan que el giro radical de los tres camaristas en sus resoluciones se debió al estallido del escándalo de las expropiaciones. Fue cuando la gestión giojista presentó una denuncia penal para que se investigue si una red de funcionarios, abogados y jueces actuó para inflar el valor de los terrenos que el Estado expropió y conseguir así, que desembolsara cifras exorbitantes.

Las polémicas sentencias que ratificaron los camaristas son del juez del titular del Quinto Juzgado Civil, Carlos Macchi, contra quien hay un pedido de destitución en marcha por avalar severas irregularidades que ayudaron a consumar una presunta estafa contra la provincia. El fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, planea presentar hoy la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento contra el magistrado y adelantará que también apuntará contra los miembros de la Sala III de la Cámara Civil, que convalidaron 2 fallos polémicos del magistrado: “Ruiz, Guillermo”, una esquina por la que la provincia tuvo que pagar 22 millones de pesos, y Canal Benavídez, un tramo del cauce en el cual hay sentencia (que fue anulada) por 70 millones. Según las fuentes, se dejará plasmado que hay argumentos para radicar una denuncia penal contra el excamarista Moya (quien ya está jubilado) y presentar un Jury para destituir a Caballero y Cúneo de García. Ante estos últimos 2, en caso de que obtengan la resolución de la Anses antes de poder removerlos por un Jury, en Fiscalía de Estado no descartan seguir la vía penal.

No es la primera vez que una magistrada se va por el escándalo. La exjueza Rosalba Marún se fue para eludir un Jury y ya fue indagada en la megacausa.

La sospecha contra los camaristas radica en sus contradicciones. En los casos “Ruiz, Guillermo” y Canal Benavídez, no sólo avalaron la indexación de los valores que realizó Macchi (lo que está prohibido por ley) sino que elevaron el monto. Además, según las fuentes, avalaron mejoras que no existían. Sin embargo, en un breve lapso, en la causa denominada Impal SA, por la expropiación de una vereda de casi 2 millones de pesos, dijeron que la indexación no corresponde. Las fuentes explicaron que el cambio de criterio no fue sostenido con argumentos, lo que lo convierte en un fallo arbitrario y en una conducta a juzgar.