San Juan 18 de octubre.- En la mañana de hoy, el titular de la Fiscalía de Instrucción N°3, Carlos Rodríguez, presentó ante la jueza María Ines Rosellott, la ampliación de denuncia por la megacausa de las expropiaciones de los terrenos del dique Cuesta del Viento, Parque de Mayo y Canal Playa. En esta segunda oportunidad pide ampliar la investigación por la presunta comisión de los delitos de fraude contra la administración pública y estafa en las personas de: Santiago Graffigna, Horacio Alday, el ex Fiscal de Estado Mario Díaz y seis integrantes del Tribunal de Tasaciones de la provincia en las personas de Joaquín Fernández, Pedro Bazani, José Moreno, Adolfo Cravero, Eduardo Olivera y Julio Cesar Fernández. También la perito de Fiscalía de Estado Ana María Melvin y el agrimensor Néstor Ruiz,
El escrito le sugiere a la jueza la posible calificación del delito de asociación ilícita, debido a las pruebas encontradas por el Fiscal. Quedará bajo la potestad de Rosellot sumar o no dicho delitos a la causa.
Rodríguez, en la justificación de su requerimiento, relata que “el Estado provincial ha sufrido y puede sufrir serios menoscabos económicos en los montos determinados en los procesos investigados. Montos que carecen de racionalidad o razonabilidad jurídica alguna a tenor de los pagado o condenado a pagar por el Estado, en casos similares”.
De los hechos analizados, el fiscal determina que hay un accionar reiterativo en las deferentes causas de expropiaciones en los que todos los actores anteriormente mencionados, intervinieron. Por ejemplo en la causa de los terrenos de Cuesta del Viento, Norberto Baistrocchi, recientemente fallecido, abogado que representaba a la provincia por Fiscalía de Estado, nunca notificó a las partes tras iniciarse el proceso, año 1994. Luego de seis años, sorprendentemente, comparecían en la justicia los abogados de los titulares de los terrenos, dándose por notificados, como si el expediente no hubiese estado sin movimiento por seis años. Aquí aparece otra irregularidad ya que, según relata el fiscal, “todo expediente con más de un año sin movimiento era pasado a pre archivo y después de un año y seis meses a archivo directamente”.