El exfinancista Leonardo Fariña, preso desde hace dos años en una causa por presunta evasión impositiva e investigado en la causa por “lavado de activos” por la que está preso el empresario kirchnerista Lázaro Báez, llevaba esta noche, al cierre de esta edición, diez horas declarando ante el juez Sebastián Casanello.
En medio, la Justicia inhibió los bienes de la empresa aérea Top Air, propietaria de los aviones que transportan al empresario Lázaro Báez y de la que también es accionista. Una 51% de esta empresa pertenece a otro de los imputados en la causa por presunto lavado de dinero, Walter Zanzot, quien aparece en el video donde cuentan fajos de dinero cuya propiedad ya reconoció Báez.
Fariña pidió ser acogido por la ley que crea un sistema de “protección” para testigos e imputados cuyas vidas corran peligro en función de los aportes que puedan hacer para el esclarecimiento de una causa.
En ese marco, el juez Casanello; el fiscal Guillermo Marijuán y la defensora de Fariña, la abogada Giselle Robles, continuaban escuchando el relato del imputado, en un estricto silencio impuesto por el magistrado al reimplantar el “secreto de sumario”.
Fariña había declarado, en un programa reciente de TV, en el que incluso le pidió disculpas al periodista Jorge Lanata por haberlo desmentido públicamente: ‘Esto se tiene que esclarecer con la verdad. Hace dos años que estoy preso, eso fue un golpe. Mi mejor estrategia de defensa es decir la verdad, y que esto se aclare‘.
Ayer, a poco de ser llevado ante el juez Casanello, esposado y con una camiseta celeste intenso de mangas cortas, Fariña pidió que se lo incluyera en la ley que en agosto de 2003 creó el ‘Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, destinado a la ejecución de las medidas que preserven la seguridad de imputados y testigos que se encontraren en una situación de peligro para su vida o integridad física, que hubieran colaborado de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal‘.
Aunque pensado para otros delitos, un párrafo de esa ley la extiende a ‘otros casos no previstos en el párrafo anterior cuando se tratare de delitos vinculados con la delincuencia organizada o de violencia institucional y la trascendencia e interés político criminal de la investigación lo hagan aconsejable‘. Apenas Fariña formuló ese pedido, el juez Casanello reimplantó el secreto de sumario que había levantado en las últimas horas, y blindó literalmente su juzgado para que nada de lo que declarara el exmarido de la modelo Karina Jelinek desde ese momento se filtrara a la prensa.
Después del mediodía, el juez dispuso dos órdenes de presentación en organismos públicos (la Superintendencia de Seguros y el Ministerio de Transporte) y un allanamiento en una multinacional del rubro de los seguros en Puerto Madero. Fuentes judiciales deslizaron que esos procedimientos están relacionados con otro expediente, diferente al que involucra a Lázaro Báez y por el que continúa declarando Fariña.
Poco antes de las 21, cuando la declaración de Fariña continuaba (un servicio de delivery llevó comida sobre el mediodía y los protagonistas de la declaración apenas si la interrumpieron algunas veces para ir al baño), personal de seguridad de los tribunales federales ordenaron “despejar” el piso en el que se desarrollaba el trámite, incluida la prensa. Fuentes judiciales no descartaron que el juez Casanello pudiera ordenar anoche mismo nuevos procedimientos judiciales, e incluso que la ampliación de indagatoria de Fariña pudiera continuar hoy, o el lunes próximo.
