La crisis por el fentanilo contaminado sigue generando impacto en el sistema de salud argentino. Según confirmaron este viernes fuentes judiciales, ya son 52 los fallecidos y 90 los casos confirmados de personas afectadas tras recibir ampollas del opiáceo alteradas durante su proceso de elaboración.
La sustancia, utilizada principalmente en terapias intensivas de 19 centros de salud distribuidos entre la Ciudad de Buenos Aires, las provincias de Buenos Aires, Neuquén y Santa Fe, contenía bacterias altamente resistentes a los antibióticos, como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica.
Las miradas están puestas sobre dos laboratorios: Pharma Group S.A. y Ramallo S.A., señalados por fallas en las buenas prácticas de manufactura, según informes previos de la ANMAT. También se investiga a droguerías que distribuyeron los lotes, ya retirados de circulación.
La causa judicial, a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, avanza con el análisis de los llamados batch records o registros de lote, aunque hay demoras debido a la falta de personal técnico capacitado. En paralelo, el Cuerpo Médico Forense evalúa cada fallecimiento para determinar el vínculo directo entre la administración del fármaco y la muerte del paciente.
El Hospital Italiano de La Plata fue una de las primeras instituciones en detectar los cuadros infecciosos severos que se desataron tras el uso del medicamento. Actúa como querellante junto a familias de las víctimas.
Aunque el último Boletín Epidemiológico Nacional no reportó nuevos casos desde la emisión de la alerta, todos los diagnósticos se realizaron de forma retrospectiva, lo que abre la posibilidad de que existan más víctimas no identificadas oficialmente.
El informe también detalla que el promedio de edad de los fallecidos es de 57 años, con una mayor incidencia en hombres, y que el tiempo promedio entre la administración del fentanilo contaminado y el fallecimiento fue de 12 días.
La situación mantiene en alerta a autoridades sanitarias y judiciales, mientras se espera el avance de las pericias y posibles imputaciones por lo que podría ser uno de los escándalos sanitarios más graves de los últimos años en el país.