Son un mecanismo que creó y administra la provincia de San Juan y se nutren con los fondos constituidos con el 1,5% de la venta de los metales y aportados gradualmente a lo largo de la vida útil de cada emprendimiento minero. Los fondos son usados para la realización de obras que perduren en las comunidades donde están establecidas las minas. Su administración y uso está controlado por un Comité de Administración integrado por representantes de los departamentos mineros, organizaciones de base locales, miembros del Poder Ejecutivo provincial, Cámara Minera y las empresas mineras aportantes.