En medio de un escenario fiscal difícil y sin acceso a los mercados, se acentúa una política que en 2009 significó la colocación de Letras del Tesoro por un monto de 10.420 millones de pesos, entre organismos descentralizados que mostraron superávit en sus cuentas.

También se emitieron bonos con vencimiento a mediano plazo por 22.089 millones de pesos y dispuso que el Ministerio del Interior recibiera un pagaré por 900 millones de pesos, a cambio de prestar recursos que estaban destinados a distribuirse entre las provincias. De este modo, el Estado se financió a sí mismo sólo durante 2009, por 41.508 millones de pesos. La cifra es aún provisional, ya que ahora se conocen varias colocaciones hechas en los últimos meses de 2008. Se suma la colocación de una letra por 6.569 millones de dólares por la controvertida decisión de tomar reservas del Banco Central para pagar la deuda pública.

La estrategia es demasiado riesgosa, más si los gastos crecieron a un ritmo significativo y se alejaron del comportamiento que tuvo la evolución de la recaudación genuina, afectada por la crisis. Esto sin olvidar que se toman recursos del sistema previsional, que tiene un fuerte pasivo contingente por la cantidad de juicios de los jubilados. En el supuesto de que se siga con esta política de endeudamiento intrasector público, el primer riesgo es que los recursos se acaben y el gasto no sea sustentable. Es el peligro que tiene este modelo. Llegará el día en que estos organismos necesiten esos recursos, ya que no hay que olvidar que existen reclamos de las provincias por el uso de los recursos que administra el Ministerio del Interior. La ley de administración financiera había separado el manejo de las cajas públicas, para que cada organismo pudiera cumplir sus objetivos, algo que comenzaría a desdibujarse con tantas operaciones de préstamos de fondos al propio Estado y con la renovación de plazos de los títulos de deuda. La situación es más delicada desde que a la Anses no sólo se le colocan más instrumentos financieros, sino que también se le encargan más gastos, como el pago de la asignación por hijo.

La austeridad en materia de gasto público también debiera marcar la agenda del Gobierno para no crear zozobra en quienes tienen el derecho a que su dinero futuro no quede hipotecado sino asegurado.