Uno de los logros más importantes que tuvo la educación argentina, en los últimos años, corre peligro. Se trata de la ley de financiamiento educativo (LFE), aprobada en 2005 y que permitió a la Argentina llevar el presupuesto de educación, ciencia y tecnología al 6,4% del PBI.
La norma que venció el año pasado y aún no aparece en la agenda legislativa, con lo cual se afecta especialmente la facultad del Gobierno nacional de retener fondos coparticipables a las provincias que no cumplan con las metas de inversión anunciadas y complicará el fondo de compensación salarial que, hasta el año pasado, aportaba recursos para 11 provincias que no alcanzaban a pagar los salarios docentes mínimos.
De acuerdo a un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), la inversión educativa alcanzó en 2009 el 6,4% del PBI y llegó a unos 74.000 millones de pesos, un crecimiento interesante sobre los 60.000 millones de pesos del año anterior. Actualmente, según datos de la Unesco, la Argentina es el país que más invierte en educación en la región y, de acuerdo a la ley, la inversión educativa de las provincias supera a la de la Nación.
El Cippec señala que el Gobierno nacional financió casi el 32% de la inversión educativa, con unos 21.000 millones de pesos en 2009, mientras las provincias aportaron ese año casi 53.000 millones en conjunto y, aunque la mayoría de las jurisdicciones alcanzó las metas de inversión previstas, cuatro no lo hicieron. La LFE estableció ciertos fines, como universalizar el acceso a la sala de 5 años, lograr que el 30% de alumnos de educación básica vayan a escuelas con jornada completa (hoy es sólo el 6%), y garantizar 10 años de escolaridad obligatoria, entre otras precisiones.
Pero estos objetivos siguen pendientes, porque en el nivel inicial faltan vacantes y en el nivel medio el abandono es preocupante. El interrogante es por qué el crecimiento de la inversión en educación no se trasladó a los resultados de las aulas. La desigualdad en la inversión provincial no se mitigó con más recursos. Mientras que Tierra del Fuego invirtió en 2009 cerca de 13.700 pesos por alumno estatal, Salta no alcanzó los 2800 pesos y en salario promedio Misiones paga 2077 pesos al docente y Santa Cruz abona 4900 pesos.
El Congreso nacional se caracteriza últimamente por una escasa actividad. Los legisladores debieran entender que el desplazamiento del tema educativo en la agenda política perjudica el futuro del país.