El plan oficialista para eliminar la ley que impide juzgar los crímenes de la dictadura (1973-1985) en Uruguay fracasó ayer en la Cámara de Diputados por el voto de rechazo en pleno de la oposición y la abstención de un diputado de la fuerza gubernamental que se negó a acatar la disciplina partidaria.
Tras más de 14 horas de debate, el proyecto de ley impulsado por la coalición de izquierdas Frente Amplio (FA) obtuvo 49 votos de 98 diputados que había en la sala, un empate técnico, lo que según el reglamento se considera como un rechazo. Esto se dio porque el diputado oficialista Víctor Semproni se abstuvo y el FA se quedó a un voto de lograr la mayoría (50 votos) para aprobar la iniciativa.
Esta polémica norma, aprobada en 1986, fue ratificada en 1989 y 2009 por 2 plebiscitos, lo que no impidió al oficialismo impulsar un proyecto para intentar hacerla inaplicable.
La sesión, que culminó pasadas las 5 de la mañana, fue un diálogo de sordos entre los que fundamentaron la eliminación de la ley en la defensa de los derechos humanos y los que consideraron inviolable la voluntad del pueblo expresada en los plebiscitos.
Semproni fue la figura, que a pesar de ser un ex guerrillero de 74 años que sufrió torturas durante la dictadura, no apoyó al FA. "Me voy a comer algo dulce para ahogar las penas", dijo Semproni al salir del parlamento, en medio del abucheo del público que siguió durante toda la noche la sesión, a lo que agregó que está "totalmente de acuerdo en borrar definitivamente la Ley de Caducidad", pero consideró que no puede ser anulada porque fue ratificada en los plebiscitos.
De ahora en más, la normativa podría ser tratada en la Asamblea General, -senadores y diputados en conjunto- aunque debe ser votada por dos tercios de las firmas del órgano legislativo, pero esta opción se presenta como poco probable ya que el oficialismo no alcanzaría la mayoría.
La propuesta que fracasó, ha abierto una grave crisis interna en el Gobierno izquierdista, cuyos integrantes impulsaron los referendos y los perdieron, el segundo de forma más dolorosa pues ya estaban en el poder.
Varios analistas consideran que este "fiasco" cuestiona la capacidad de liderazgo del presidente José Mujica. El analista político, Adolfo Garcé, explicó que la fuerza gubernamental, padece "una crisis de liderazgo que tiene que ver con las características personales de Mujica", al que atribuyó "cierta fobia al ejercicio de la autoridad".
La no anulación de la ley abrió una nueva etapa en la búsqueda de justicia por los crímenes de la dictadura, según coincidieron referentes del FA, organizaciones de derechos humanos y la central obrera. Ante este escenario, el oficialismo ya conformó una comisión que estudiará varias alternativas para conseguir la anulación, entre las que figura la posibilidad de convocar a un nuevo referendo.
También está en análisis un proyecto de ley para que estos delitos se clasifiquen como de "lesa humanidad" y no prescriban el 1 de noviembre de este año. Otra iniciativa tiene que ver con modificar el artículo 239 de la Constitución, por el cual los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pasarían a tener el valor de legislación nacional.