De acuerdo al proyecto, los honorarios mínimos se establecen a través de la Unidad de Medida Arancelaria (UMA), la que equivale al 1,5 por ciento del sueldo básico de un juez de primera instancia. Según fuentes judiciales, ese monto ronda los 10.000 pesos, por lo que cada UMA vale 150 pesos.

En base a esos valores, en una causa penal, la presentación de una denuncia es equivalente a 20 UMA, es decir, 3.000 pesos. Un incidente de excarcelación cuesta 30 UMA (4.500 pesos); la actuación hasta el cierre de la investigación, 30 UMA (4.500 pesos) y el asesoramiento desde la clausura de la instrucción hasta la sentencia, 30 UMA (3.000 pesos). Los honorarios mínimos en los casos de adopción están fijados en 30 UMA (4.500 pesos), al igual que los divorcios contradictorios.

En cambio, una resolución por la tenencia y el régimen de visita de un hijo o un planteo de exclusión de hogar están determinados en 15 UMA (2.250 pesos). Una consulta verbal fue fijada en 1,5 UMA (225 pesos) y la redacción de una carta documento en 2 UMA (300 pesos).