Tras la promesa oficial que se hizo en marzo del pase a planta permanente de los contratados de la provincia, José Luis Gioja dijo que no se prevé hacerles concursar el cargo para quedar en él y aseguró que “a nadie se le va a quitar el lugar”. Además, ratificó que la idea es que se concrete el traspaso en breve, antes de fin de año, sin precisar fecha.

El requisito del concurso no es un dato menor, ya que la decisión política de que no lo habrá en este caso, pone en el tapete la discusión sobre el ingreso del personal al Estado. Esto, porque los concursos sirven para demostrar la idoneidad de los aspirantes para el cargo y permiten la igualdad de posibilidades para conseguir el trabajo.

En el Poder Judicial, por ejemplo, los concursos tienen un historial polémico. En 2001 fueron establecidos por acordada, y luego estalló el escándalo: en 2005 una aspirante denunció que el secretario Administrativo de la Corte, Luis Recio, le había adelantado “bajo cuerda” las preguntas; y en las últimas designaciones no sólo no se concursaron los puestos sino que se beneficiaron parientes de funcionarios judiciales como pasó en 2009.

Los trabajadores del Poder Ejecutivo en juego son unos 4.000 agentes de la Administración Pública sanjuanina, según el cálculo del gremio UPCN.

Después de varios meses del anuncio, el Gobernador aseguró ahora que el proyecto que el Ejecutivo prevé enviar a la Cámara de Diputados para cumplir con la medida inédita, está “muy avanzado”.

Sin embargo, sobre los detalles sólo explicitó que “se está trabajando en un análisis ministerio por ministerio, repartición por repartición, área por área”. Para realizar el pase, debe modificarse o levantarse la Ley de Emergencia Pública, que congela las vacantes desde 1991 (ver aparte).

Consultado oportunamente el ministro de Gobierno, Emilio Fernández, aseguró que en Hacienda están trabajando con el tema, pero no hay más definiciones.

Lo primero que están calculando, según Fernández, es el millonario gasto que demandará al Estado el traspaso. Esto, porque el contratado gana menos que un empleado de planta por la misma tarea, carece de estabilidad, es monotributista, no percibe antigüedad y no tiene ART.

Otros ítems de estudio son si el pase será por etapas o todo junto, qué criterios usarán además de los años de permanencia en el Estado, y si ayudarán financieramente a los municipios para que hagan lo mismo con sus contratados que, según fuentes gremiales, son unos 2.500.

José Villa, de UPCN, dijo que él sugiere que entren por la última categoría del escalafón (va de 12 a 24), salvo los profesionales, y que estos últimos ingresen por la 21.