La provincia va a desempolvar toda la jurisprudencia existente -en el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo nacional- para utilizarla como argumento y lograr que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declare la inconstitucionalidad de la Ley Nacional de Glaciares, por considerar que avanza indebidamente en la potestad de la provincia sobre sus recursos naturales. Para completar la estrategia mostrará en su presentación la batería de leyes locales de que dispone para regular el desarrollo de la actividad minera al mismo tiempo que se cuidan los recursos naturales.
Así lo confirmó Guillermo De Sanctis, jefe de asesores y a cargo de la estrategia judicial en este tema, al anunciar que ayer la Provincia recibió la citación del Juzgado Federal Nro 1, de Miguel Angel Gálvez, para ser parte como tercera interesada y necesaria en las tres causas declarativas de inconstitucionalidad presentadas por privados. El Gobierno ya había anunciado que iba a hacerse parte de la causa, con lo cual, una vez que presente sus argumentos, ésta pasará al ámbito de la Corte Suprema (ver aparte).
El pasado 2 de noviembre el juez Galvez ordenó la suspensión en el territorio sanjuanino de 6 de los 18 artículos de la ley nacional -precisamente los que ponen trabas a la minería-, en la acción interpuesta por AOMA y otros. Una semana después -el 9 de noviembre- sumó otro fallo en respuesta a dos acciones interpuestas por Barrick, una por Veladero y otra por Pascua Lama. Ahora que la provincia será parte de esas causas basará su defensa en los siguientes ejes:
1- Jurisprudencia I: Se va a recopilar toda la jurisprudencia existente donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación afirme la competencia de los tribunales locales en materia de defensa de su propio medio ambiente. "Es de competencia provincial la protección del medio ambiente, eso es así", dijo ayer De Sanctis.
2- Jurisprudencia II: También se incorporarán antecedentes del Poder Ejecutivo, que cuando vetó la primera Ley de Glaciares utilizó argumentos respecto a que una ley de presupuestos mínimos no puede prohibir actividades. En el 2008 la presidenta Cristina Fernández vetó la norma que "prohibe, en los glaciares, las actividades que puedan afectar su condición natural o que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance". El argumento que se usó fue el "el establecimiento de presupuestos mínimos no puede limitarse a la absoluta prohibición de actividades, sino por el contrario a fijar parámetros mínimos que las provincias deben asegurar".
3- Derecho Público Interno: La provincia va a incorporar además una "amplia descripción de toda la normativa que tiene ésta en defensa del medio ambiente, tanto en el manejo de los recursos naturales como en la protección del ambiente en relación al desarrollo minero", explicó el asesor. El objetivo es presentar a la Justicia todas las normas, leyes, decretos y resoluciones que tengan que ver con el manejo de la propiedad minera y la protección del medio ambiente. "Queremos demostrar que no estamos desprovistos, no estamos desnudos, tenemos Ley de Protección del Ambiente, legislación de manejo de aguas, de contaminación, códigos de procedimientos mineros para concesión de los recursos al sector. Vamos a hacer la demostración jurídica de que nuestra legislación en ninguna parte prohibe las actividades productivas, sino que impulsa el desarrollo sustentable con la debida protección del medio ambiente", agregó.