Ante la preocupación por eventuales nuevos hechos de violencia por falta de seguridad, el Gobierno nacional anunció ayer su decisión de darle intervención a la Justicia. Desde temprano, la Casa Rosada salió a advertir las consecuencias de protestas de este tipo, aunque recién por la tarde, el ministro de Justicia, Julio Alak, adelantó una medida concreta: iniciar denuncias penales para que se investigue a quienes no estén cumpliendo con el deber de ‘garantizar un derecho de todos los ciudadanos como es la seguridad pública‘ y a quienes incentiven los saqueos. Fuentes oficiales revelaron que la presidenta Cristina Fernández recibió un informe detallado de los acontecimientos de boca del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el secretario de Seguridad, Sergio Berni. ‘La seguridad es un servicio publico esencial del que ningún ciudadano puede ser privado‘, dijo Alak en conferencia de prensa, porque ‘quien ingresa a una institución policial, sabe que no puede recurrir a medidas de fuerza‘. ‘La Justicia tiene que actuar con toda la firmeza, tanto en los casos de quienes saquean como en los casos de quienes incumplen con garantizar un servicio público‘, afirmó, en tanto destacó que los policías que continúan con la protesta están violando ‘principios legales y constitucionales‘. En la misma conferencia de prensa, Alak, y su segundo Julián Alvarez, acusaron a sectores del Frente Renovador de Sergio Massa de ‘incentivar‘ los saqueos y advirtieron que las protestas policiales ‘generan una alteración al orden publico‘. Para ‘coordinar y dar la máxima precisión a hechos de investigación y procesamiento a los que no están cumpliendo con la ley‘, se convocó a los procuradores generales para un encuentro el viernes en Córdoba del que participan la procuradora Alejandra Gils Carbó y Sergio Berni.
