"Aspiramos a firmarlo en los próximo días y homologarlo antes de fin de mes", dijo a DIARIO DE CUYO el ministro de Gobierno, Emilio Fernández, el 11 de enero último en referencia a la homologación de la Ley de Corresponsabilidad Gremial para obreros no permanentes de la provincia. Sin embargo, ayer el mismo funcionario dijo que "dado los tiempos que se manejan, es muy probable que la temporada que viene se aplique. Es un tema que se va avanzando, pero estamos hablando de un mediano plazo", aseguró el ministro de Gobierno.
Esta dilatación perjudica a más de 40 mil obreros no permanentes que trabajan en la cosecha sanjuanina cada temporada y que no gozan de los beneficios sociales que tiene cualquier otro trabajador.
Las 12 cámaras que nuclean a los diferentes sectores productivos, junto al gremio rural UATRE y el RENATRE, habían acordado en diciembre del año pasado como monto único y sustitutivo para regularizar a cada obrero "golondrina" $350. El problema que se presentó luego y que planteo el RENATRE San Juan, es que existía la necesidad de suplir la diferencia en concepto de aportes patronales: Es decir, los productores locales están dispuesto a pagar $350 por obrero rural no permanente, y la cifra que deberían abonar alcanza los $680, por lo tanto esos $330 de diferencia los tenía que aportar el gobierno nacional a través de lo que se denomina "Fondo Solidario de Fortalecimiento del Trabajo en las Economías Regionales".
La puesta en marcha de ese fondo, según dijo Emilio Fernández "lo impulsa el gobierno provincial" en el Ministerio de Trabajo de la Nación, a través de la Secretaría de Seguridad Social.
"El gobierno provincial es el que debe impulsar la concreción de este acuerdo y el que tiene que golpear la puerta en el Ministerio de Trabajo de la Nación para que se aceleren los trámites", señaló Oscar Bernard, titular del RENATRE.
Fuentes calificadas confiaron a este diario que las cámaras productivas señalan al intendente Sergio Uñac -propulsor del acuerdo- como "la llave" que podría abrir la puerta hacia el acuerdo definitivo, confiando en "su" muñeca política y sintonía con el gobernador Gioja.
Un viejo problema
La posibilidad de darle una solución definitiva al trabajo en "negro" rural, la mayoría de las veces terminaba en el amague. Recién, a principios del año pasado empezaron a ver la luz las alternativas para "blanquear" a los obreros de cosecha. El 26 de febrero de 2009, se reunieron en la Municipalidad de Pocito, el intendente Sergio Uñac, autoridades de la AFIP, RENATRE, la Subsecretaría de Trabajo y cámaras empresariales, donde se pusieron sobre la mesa dos alternativas: una ley que los ampare a los trabajadores golondrinas o un registro, ambas opciones involucraban salir de la informalidad.
Poco tiempo después, un control de inspectores laborales en Pocito terminó en un enfrentamiento con los productores ajeros que los terminaron corriendo. Esta situación obligó al gobierno local a "tomar el toro por las astas".
Con bombos y platillos, el 6 de agosto último en Casa de Gobierno, 12 cámaras productivas de la provincia, junto al RENATRE y UATRE firmaron un "compromiso de acción" para trabajar en un acuerdo definitivo que beneficie a unos 40 mil obreros no permanentes que por temporada trabajan en San Juan para la cosecha, pero pasaron ya siete meses de ese acto formal y los trabajadores del campo siguen desamparados.