El fiscal Carlos Rodríguez se declaró a favor ayer de que Santiago Graffigna, el principal sospechoso en el escándalo de las expropiaciones, sea beneficiado con la detención domiciliaria. El funcionario judicial se basó en varios antecedentes del mismo tenor que hay en la causa y en la opinión de la Junta Médica que se armó para analizar la situación del imputado. La que tiene la última palabra es la jueza María Inés Rosselot.
Graffigna está preso desde marzo en la Regional Sur y debido a los problemas de salud que aduce, sus abogados plantearon la necesidad de que la detención la cumpla en su casa. Mientras tanto, esperan la resolución de la apelación al procesamiento que dictó Rosselot contra su cliente como el líder de una presunta asociación ilícita que estafó a la provincia en juicios millonarios de expropiaciones.
Según dijo Rodríguez, se tomó de dos cuestiones para dictaminar a favor del traslado de Graffigna a su domiciliario particular. La primera es que a otros imputados en el caso, como la exjueza Marún, la experito Ana Melvin, el exfiscal de Estado Mario Díaz y algunos exmiembros del Tribunal de Tasaciones, presentaron un certificado médico particular y Rosselot les dio la detención domiciliaria. La segunda es la opinión de la Junta Médica, en especial la de dos de los tres médicos de Salud Pública que evaluaron el caso, que recomendaron que el imputado no sea derivado al Penal de Chimbas porque no cuenta con las condiciones necesarias para atender sus enfermedades.
La posición del fiscal no es vinculantes, es decir no obliga a la jueza. Rosselot tiene tres días hábiles para decidir si Graffigna va al Penal o a su casa. Si no lo hace en ese plazo, la resolución podría recaer en el juez de feria.