Dice que su representado es inocente, que todo responde a una disputa entre exsocios y que los hechos investigados se deben dirimir en el fuero civil y no en el penal, porque no hay delito. Esos son los fundamentos que dará en la Justicia el abogado Francisco Micheltorena a la hora de defender a Pedro Rodrigo Bustos, el proveedor del municipio de Caucete que está prófugo de la Justicia por una serie de estafas y a quien la oposición departamental acusa de operar junto al intendente Julián Gil. El profesional le apuntó a Julián Maidana, el hombre que denunció a su cliente por no pagarle el alquiler de unas camionetas ni devolvérselas: negó los términos de la acusación, aseguró que trabajaban juntos y que los vehículos eran de los dos. Además, dijo que no sabe si es amigo o no del jefe comunal y que desconoce su paradero.
Sobre Bustos pesa una catarata de denuncias en la Justicia provincial por supuestas maniobras fraudulentas contra particulares (ver Las causas) y en las escuchas telefónicas que constan en la resonante causa de la AFIP aparece gestionando facturas truchas. Esos hechos lo hubieran convertido en un sospechoso más si no fuera porque lo señalan de tener una estrecha relación con Gil y que las facturas aprócrifas que pedían eran, supuestamente, para justificar gastos de la gestión de ese jefe comunal (ver Facturas).
La polémica que golpea a Caucete comenzó a gestarse con la denuncia de Maidana. Tras ir a la Justicia, el hombre se presentó en el Concejo Deliberante y relató que junto a otra persona le alquiló a Bustos cinco camionetas, que no les pagó el canon mensual y que nunca se las devolvió. Además, contó que una de esas movilidades estaba en poder de un empleado municipal que cargaba combustible como si fuera un vehículo oficial, dando a entender que estaba alquilada a la comuna. Y reafirmando sus sospechas, dijo que su denunciado hizo distintos trabajos para la administración de Gil, algo que el intendente reconoció.
Micheltorena negó de plano el relato del denunciante y lo acusó de montar una mentira para perjudicar a su cliente. Según el abogado, Bustos y Maidiana “tenían una sociedad de hecho, eran muy amigos, tenían camionetas y las alquilaban”, hasta que se pelearon por “cuestiones domésticas” y decidieron disolver el vínculo.
Entre otras cosas, contó que acordaron que Bustos comprara las camionetas de la sociedad y que como no se pusieron de acuerdo en el precio, Maidana lo denunció diciendo que no le pagaba los alquileres. “No era un alquiler, era una compra y mi cliente siempre quiso pagar, la prueba de eso es que hizo una presentación civil para que se fijara el precio, porque su exsocio le pedía un monto desproporcionado e injustificado”.
Por otra parte, Micheltorena aseguró que no hay ningún delito en juego y que en todo caso, las diferencias que mantienen se deben resolver en una causa civil. Atendiendo ese argumento, opinó que “hay un abuso de la jurisdicción” y acusó a Maidana de utilizar la vía penal para intentar conseguir más rápido su cometido de quedarse con las camionetas de la sociedad.
CON GIL “SE CONOCEN”
La denuncia de Maidana disparó una interpelación al intendente caucetero por parte de los concejales. El jefe comunal dijo primero que no conocía a Bustos, después recordó que lo había contratado para hacer obras en el municipio y hasta que estuvo en su casa, porque le fue a recriminar que estaba demorado en uno de esos trabajos. También le preguntaron por qué no denunció al proveedor cuando se hizo pasar por funcionario municipal para alquilar un auto en una concesionaria (usó un sello falso) y dijo que lo iba a hacer. Las vacilaciones y las dudas que generó alimentaron las sospechas de los opositores de que trabajan juntos o que, al menos, lo apaña.
Sobre esa relación, Micheltorena dijo no saber nada. “Sé que se conocen, pero no le pregunté si son amigos o qué relación tienen”, manifestó.
En una de las causas en su contra, Bustos fue mandado a detener, la Policía no lo encontró y por ahora está prófugo. Su abogado pidió la eximición de prisión y espera que sea resuelta. Al ser consultado si se entregará si le dicen que no, el defensor sostuvo que aún no lo decide y dijo que en ese caso está dispuesto a llegar a la Corte de Justicia.