Descubrimientos arqueológicos hallados en el trazado de caminos mineros a diferentes yacimientos, ya constan con el estatus de “interés patrimonial y cultural” de la provincia. Es para su posterior declaratoria como sitios arqueológicos provinciales y su protección bajo el amparo de ley nacional 25.743, norma a la que San Juan adhiere a través de la ley 7.911 ó ley de protección del patrimonio cultural. El objeto es preservar los restos arqueológicos del impacto humano en zonas de actividad minera, como es el caso de pircas y petroglifos de características únicas. A su vez permitirá que los descubrimientos eventualmente adheridos a la ley, puedan integrar programas de protección, restauración y circuitos especiales.
La iniciativa es de la Dirección de Patrimonio Cultural dependiente del Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia, en consonancia con las estadísticas que maneja esta dependencia. Según datos proporcionados por empresas mineras, el promedio indica entre 15 y 30 hallazgos arqueológicos a lo largo del camino minero hacia El Pachón, que lidera el ranking con mayor cantidad de ocurrencias. Le siguen Veladero, Lama, Casposo y Gualcamayo, con un rango de 15 a 20 descubrimientos. “En El Pachón predominan pircas de diferentes tamaños y formas, algunas con habitaciones y otras simplemente de resguardo que a veces son usadas por arrieros en épocas de pastoreo, en Veladero destacan las ruinas incaicas del Portezuelo de Conconta, en Lama pircas y pequeños sitios, mientras que en Casposo hay un sitio llamado el Despunte de Villa Corral, donde aparecieron hallazgos de antiguos asentamientos indígenas”, explicó la arquitecta Andrea Blanco, directora de Patrimonio Cultural de la provincia.
Para la funcionaria, es un paso de importancia y también el primer peldaño en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes patrimoniales. “Es el tercer tipo de contrabando más importante a nivel mundial, como contralor nuestra función es evitar el saqueo de sitios arqueológicos. El saqueador por lo general conoce el sitio, lo invade y enajena, algo penado por la ley, es por eso que el fin de la declaratoria es proteger, poner en valor y concientizar a la comunidad sobre lo que tenemos y debemos cuidar”, detalló Blanco.
La emisión de una declaratoria de interés patrimonial y cultural requiere de ciertos pasos. El proceso se inicia con un informe de hallazgos arqueológicos y sus características, elaborado por la empresa minera (es su obligación hacerlo). Esto se eleva a la Dirección de Patrimonio, que toma cartas en el asunto mediante una verificación in situ de lo que se expone por parte de la empresa. La verificación se realiza mediante un equipo integrado por el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Gambier, en los hallazgos arqueológicos y en lo paleontológico la tarea queda a cargo de expertos del Museo de Ciencias Naturales, que son los colaboradores en el saber experto para con el gobierno provincial. En cualquiera de los casos, los expertos son los encargados de elaborar un informe que se adjunta a un expediente.
Luego de la verificación, las mineras toman medidas básicas indicadas por los especialistas, como demarcación del lugar, cartelería con orientación a la circulación vehicular, porque los hallazgos por lo general se producen en el trazado de un camino minero. La cartelería debe contener datos como las leyes nacionales y provinciales a las que adhiere el patrimonio en cuestión, nombre del sitio y coordenadas. Esto se hace con el fin de que los trabajadores en el lugar sepan que se trata de un sitio patrimonial y contribuyan a proteger la historia.