La Policía de San Juan tiene en la mira al menos 2 prostíbulos que aún están funcionando en Capital y, con la reciente puesta en vigencia de la ley que prohibe el funcionamiento de este tipo de establecimientos en toda la provincia, ya está en condiciones de realizar los procedimientos para constatar la explotación sexual de mujeres y clausurar los locales. En la Fuerza no quisieron dar nombres ni fechas de potenciales operativos, porque quieren actuar por sorpresa.

La norma fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre del año pasado y sufrió demoras para ponerse en práctica. Finalmente se reglamentó y dicho decreto se publicó en el Boletín Oficial en el transcurso de la semana. La gestión giojista encaró el proyecto con el objetivo de prohibir el funcionamiento de prostíbulos, cabarets, saunas, whiskerías y clubes nocturnos en los que se encuentren mujeres sometidas y obligadas a ejercer la prostitución. Es una apuesta fuerte del Gobierno para evitar el delito de trata de personas y está en sintonía con la política de la administración de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien impulsó cambios a la ley de trata para erradicar esa actividad legal. El disparador fue el caso Marita Verón, la joven tucumana que desapareció y que se sospecha que fue víctima de una red de trata. Su madre, Susana Trimarco, se convirtió en un emblema de la lucha contra ese flagelo y en San Juan recibió una distinción especial (ver recuadro).

Fuentes calificadas de la Fuerza policial señalaron que son 2 los locales que están inscriptos como bares o whiskerías, pero que funcionan como prostíbulos. Había otros 10 establecimientos anotados bajo un determinado rubro (principalmente en Capital, Caucete y Sarmiento), pero que en la práctica se ejercía la prostitución y actualmente se encuentran cerrados. Es que esos 12 locales (más otros 4 que desaparecieron) fueron clausurados durante un procedimiento que realizó la Agencia Regional Federal Cuyo en abril de 2012. De ese total, sólo los 2 establecimientos capitalinos lograron reabrir sus puertas.

Un uniformado con experiencia en el tema explicó que los prostíbulos cerrados pueden “mutar” y trasladarse a viviendas en los barrios. Por eso, la denuncia de los vecinos sobre ese tipo de actividades será clave para desbaratar el negocio. Además, la fuente destacó que estarán atentos a las redes sociales por si hay cuentas que promocionen encuentros en un determinado local.

Una vez detectado el lugar en el que se ejerza y promueva la prostitución, serán los policías de Leyes Especiales los encargados de llevar adelante el procedimiento de inspección, quienes además deberán concurrir con al menos un miembro de un Gabinete Técnico, el cual estará constituido por abogados, médicos, psicólogos y trabajadores sociales, según establece el decreto reglamentario.

El cierre definitivo está en manos del Juzgado de Faltas que intervenga y la norma establece que los propietarios y los clientes que sean sorprendidos en el interior de los establecimientos deberán pagar una multa que va de 3 mil a 10 mil pesos y que serán arrestados con un máximo de hasta 60 días