El juez federal Miguel Gálvez, que está subrogando a su colega Leopoldo Rago Gallo, reconoció ayer en conferencia de prensa que de la denuncia surge que “hay diferencias en el precio de compra y en el precio de venta” de los inmuebles. El magistrado además destacó que lo que hay que tratar de determinar es si ha habido un perjuicio contra el Estado y que se está investigando si las empresas constructoras han cometido alguna irregularidad. “Si de ahí después surge algún funcionario, eso lo dirá el devenir de la investigación”. Gálvez resaltó que la causa “recién empieza” y que la pesquisa “establecerá si ha habido lavado de dinero u otras irregularidades”. También aclaró que por ahora “no hay nada determinado y ni se puede decir que tal funcionario ha hecho tal cosa o la otra”. Con respecto a las medidas, señaló que por ahora no están previstos allanamientos en las empresas y que permanecerá como subrogante hasta hoy, ya que el lunes se reintegra en su puesto el juez Rago Gallo.
