"Al parecer sí", dijo la directora del Registro Civil de la provincia, María del Carmen Vega, consultada sobre si hay otros oficiales del área que no quieren casar homosexuales. No obstante, tanto la funcionaria como el ministro de Gobierno, Emilio Fernández, ratificaron que en San Juan se va a cumplir con la ley nacional: permitirán a los que no quieran casar gays, que pidan "cambio de tarea". La norma fue promulgada por la Presidenta el miércoles, publicada en el Boletín Oficial ayer y su entrada en vigencia se prevé a partir del 2 de agosto.
Las respuestas oficiales vinieron el día después que DIARIO DE CUYO publicó que de un relevamiento por los registros civiles del Gran San Juan, surgió que una oficial de la delegación del barrio Los Pinos, en Chimbas, llamada Angela de Herrero, reconoció que no está dispuesta a casar homosexuales porque "está a favor de la familia".
Según expresaron Vega y Fernández, la salida a esta situación es por vía administrativa. "La ley la vamos a cumplir en cualquier instancia. Le diremos al empleado que si no quiere cumplir esta función, inicie un expediente y pida el cambio de función, que diga que no se encuentra capacitado para unir personas en el marco de la nueva ley, etcétera", aseguró el ministro. Y analizó que "no es permiso ni licencia, es un cambio de tareas". Sobre si se le dará a todos los que pidan la excepción, Fernández contestó que "yo veré si lo acepto" pero agregó que "en la administración pública no es muy complicada la reasignación de tareas".
El funcionario dijo que el Gobierno tiene muy claro el procedimiento y que este cambio de tareas se aplicará para cada caso puntual, que el oficial del Registro Civil lo solicite, por escrito.
"En primer lugar, hay que hacer una tarea de evaluación de esto. Que nadie crea que está violando un sacramento con esto, porque el oficial público no es sacerdote, está haciendo un casamiento no en nombre de Dios sino en nombre de una ley hecha por los hombres. El Estado le ha conferido facultades para que hagan esas tareas, si no lo quieren hacer voluntariamente, tendrán que pedir el cambio de función", lanzó Fernández.
Por su parte, Vega sugirió que hay otros empleados que no están de acuerdo con la norma, incluida ella: "Al parecer sí (hay más personal que piensa como la empleada que se niega a casar gays), desde la directora en adelante", aseguró. Y fundamentó que "yo no estoy de acuerdo con la ley por convicciones religiosas, soy católica, y por principios de derecho natural, por todos lados que usted quiera ver, no estoy de acuerdo. Pero la ley tiene que aplicarse".
Vega subrayó que "yo no tengo que consensuar nada con los empleados, yo tengo que aplicar la ley".
La funcionaria aseguró que "hemos tenido que adaptar los libros a la nueva ley, porque teníamos una fórmula para casar el nene con la nena. La forma de dirigirse a los contrayentes y lo que dice hija poner hija e hija como así también hijo e hijo porque como son tan delicaditos y todo tiene el tema del INADI, entonces vamos a hacer igual los libros y, conforme a la ley, no va a haber diferencias de nada". Y agregó que "en el caso de la familia heterosexual podemos usar otro tipo de cosas, porque en realidad la finalidad del matrimonio que es la procreación, no podemos hablar (en los casos de homosexuales) de los hijos, de los niveles de alimentación de los hijos…"
Vega terminó diciendo que "tan igual va a ser el tratamiento que vendrán con tantos días de anticipación, les vamos a dar los exámenes prenupciales, y fijesé que no habla del SIDA la ley y yo tampoco lo puedo exigir".