En el marco del estricto hermetismo que rodea la causa por la fuga de los represores Jorge Antonio Olivera y Gustavo de Marchi (condenados a perpetua y a 25 años de prisión respectivamente por crímenes de lesa humanidad), y a un mes del megaescape que cuenta con diversas líneas de investigación, hasta de organismos internacionales, DIARIO DE CUYO habló en exclusiva con el fiscal del caso sobre las pistas claves que detectaron en el Hospital Militar. Los datos encontrados por la Justicia evidencian severas irregularidades que generaron un escenario ideal para que los represores se escaparan del nosocomio porteño.
El titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nro 3, Eduardo Taiano, designado para subrogar la vacante de la Nro 5 por el fallecimiento de Luis Comparatore, contó a este diario detalles de la estadía de los represores condenados en el Hospital Comisario Mayor Cosme Argerich. Aseguró que en el nosocomio no había cámaras de seguridad y que en las salas de donde se escaparon no tenían cerradura, y hasta habló de las dudas que hay sobre si fueron trasladados con esposas como reza el protocolo.
Olivera y De Marchi se fugaron el 25 de julio, luego de haber sido trasladados del Penal de Chimbas al de Marcos Paz y de éste último al Hospital Militar, que está en Capital Federal. Unos días antes, en San Juan fueron condenados a cumplir duras penas en prisión en un histórico juicio que involucró a cinco represores más y que llevó un año y ocho meses de trabajo.
“Cuando recorrimos con el juez las instalaciones observamos con asombro que las dos salas donde estaban los detenidos no tenían cerradura con llave‘, informó el fiscal. Según Taiano, los represores arribaron al tercer piso del edificio ubicado en Las Cañitas, en el barrio de Belgrano, junto a otros nueve reclusos de distintas jurisdicciones que asistieron para realizar sus respectivas consultas médicas. El grupo se dividió en dos y en ambas salas dispuestas para sentenciados por lesa humanidad esperaba cada uno que los retirasen para sus consultas: ‘Lo llamativo es que no sólo no estaban cerradas con llave las puertas, sino que sólo una custodia hacía guardia, por lo que se investiga si se retiró aunque sea unos minutos, lo que posibilitó que se escapen Olivera y De Marchi‘, dijo Taiano.
Un detalle nada menor que aportó el fiscal a este medio es la falta de registro de imágenes, al menos desde donde se fugaron los represores. “En el hospital no hay cámaras de seguridad, por lo que no podemos contar con filmaciones para reconstruir la fuga”, manifestó.
Otro capítulo merece el particular traslado de los dos condenados por atención dermatológica y psicológica. “Es otra línea de investigación, ya que uno de las familiares trabaja en el Hospital Militar como psicóloga justamente y fue la encargada de sacar el sobreturno de uno de ellos‘, explicó Taiano sobre Marta Noemí Ravasi, la esposa de Olivera.
El silencio en Comodoro Py es total, para no interferir en la investigación de las pistas. El juzgado que tiene la causa, el Criminal y Correccional Federal Nro. 11, a cargo de Claudio Bonadío, actualmente de licencia, a través de su secretaria María Muntaner, manifestó que no hablan con la prensa por la condición de fuga de los detenidos, lo que demuestra la importancia del caso.
El fiscal federal Taiano fue muy cauto a la hora de confirmar los trascendidos sobre el paradero de los represores. ‘No hay ninguna confirmación de que Olivera y de Marchi hayan pasado la frontera, salido del país y estén en Paraguay‘, afirmó, al tiempo que dejó claro que ante las pruebas inconclusas se siguen distintas líneas de investigación, por lo que no se descarta nada.
Lo que sí toma fuerza con el pasar del tiempo es la planificada fuga de los exmilitares “elaborada con anterioridad y que han logrado sumar a diversas personas, no sólo en la actividad civil sino en ámbitos de los poderes del Estado”, según expresó el ministro de Justicia, Julio Alak.
Desde el pedido y autorización del traslado, por actuación de los jueces federales Miguel Angel Gálvez y Leopoldo Rago Gallo, la intervención de familiares, contactos con otros acusados de crímenes durante la última dictadura y la ingeniería financiera de los prófugos, todo está bajo investigación por la sospecha de que Olivera y De Marchi tuvieron colaboración externa.
Inclusive el ministro de Defensa, Agustín Rossi, declaró ante la prensa que Olivera actuaba como abogado defendiendo a otros acusados por delitos de lesa humanidad y que junto a un socio generaban acciones administrativas y judiciales contra el Ministerio de Defensa.
Además, Taiano aclaró que ni siquiera está confirmado si los detenidos estaban esposados durante su traslado a Buenos Aires. El personal involucrado en dicho traslado fue pasado a disponibilidad y ahora se investiga al del Hospital Militar.
Debido a este antecedente, incluso se creará una comisión médica para evaluar el estado de salud de los detenidos por delitos de lesa humanidad.