Los acusadores y el defensor del juez Carlos Macchi comenzarán hoy a enfrentarse en un “duelo” jurídico e intelectual en el round final del Jury de Enjuiciamiento. A partir de las 9, el fiscal General subrogante de la Corte, José Mallea, el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, y el abogado Guillermo Toranzo realizarán sus alegatos, en los que expondrán sus argumentos y pruebas que servirán para definir el futuro del magistrado. Los 2 primeros pedirán que sea destituido de su cargo porque entendieron que cometió serias irregularidades en 5 juicios de expropiaciones que le costaron millones de pesos a la provincia. El último, en cambio, solicitará que se lo confirme en su puesto.
Aunque los alegatos no son vinculantes ya que la decisión final está en manos del Tribunal, son claves porque los 5 integrantes escucharán y analizarán las razones que expondrán cada una de las partes, quienes harán hincapié con vehemencia en las pruebas que consideren esenciales para convencerlos de sus posturas.
Macchi actualmente está suspendido de su cargo en el Quinto Juzgado Civil y está acusado de mala conducta, falta de cumplimiento de los deberes a su cargo y por el hecho de haber cometido delitos en el ejercicio de sus funciones. Se encuentra bajo la lupa por su actuación en 5 causas, en la que se lo señala de haber inflado los valores de los terrenos que el Estado expropió, en beneficio del abogado Santiago Graffigna. Una de ellas es la caratulada como “Ruiz, Guillermo”, una esquina con 2 lotes de 1.400 m2, por la que la provincia pagó 25 millones. Otro de los casos es el de “Anes, Ramón”, casi 9 hectáreas en Cuesta del Viento por las que se desembolsaron más de 10 millones de pesos. El tercero es “Parque de Mayo”, poco más de 5 hectáreas (donde están los estadios), en el que hubo sentencia por cerca de 1.500 millones de pesos. El cuarto es el expediente “Canal Playas”, las casi 2 hectáreas que se expropiaron para hacer un tramo del canal Benavídez y por las que se condenó a la provincia por 70 millones de pesos. Y la última es la causa “Herrería”, una vereda de 124 m2 que terminó costando cerca de 2 millones de pesos.
Cada una de las partes tendrá 2 horas para alegar. El primero será el fiscal Mallea, quien adelantó que utilizará un proyector para mostrar cuadros sinópticos para explicar algunas de las maniobras. Entre sus argumentos destacará que el juez avaló una tasación desmedida de los inmuebles por parte de los peritos que presentó Graffigna y que ordenó el pago de intereses que desembocó en montos desorbitantes. En ese sentido, el fiscal De Sanctis, quien dará sus fundamentos en segundo término, señaló que Macchi permitió una doble actualización de los terrenos. Es decir, permitió que se tasaran a valor actual y que se computaran intereses desde la desposesión (realizada décadas atrás), más la aplicación de tasa activa, sumado a índices indexatorios, lo que está prohibido por la ley de convertibilidad. “Hubo una perversa forma de liquidación”, resaltó entre las distintas irregularidades que mencionará en los alegatos.
El último en dar sus argumentos será el defensor Toranzo. Este señaló que en las 2 causas que se cancelaron (Ruiz y Anes), Fiscalía de Estado, comandada por entonces por Mario Díaz, pidió el dinero para efectivizar los pagos y que la Contaduría, el Ministerio de Hacienda y los delegados fiscales “le dieron legitimidad” al procedimiento, por lo que remarcó que no hubo ninguna irregularidad. En cuanto al resto de los expedientes, el abogado indicó que los procesos civiles aún están vigentes y en trámite, por lo que Fiscalía de Estado tiene los recursos para atacarlos en instancia judicial. Además, dijo que muchas de las sentencias de Macchi fueron avaladas por un Tribunal superior.
En el desarrollo de los alegatos, no se descarta que haya fuego cruzado entre las partes, tal como sucedió en las distintas audiencias. Tras las exposiciones, el Jurado tendrá 30 días corridos para dar la sentencia.