Como nunca antes en su historia, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de San Juan sufrió una catarata de renuncias. De los 18 miembros que componen la comisión directiva, 7 pegaron el portazo y 2 más están evaluando seguir el mismo camino, lo que deja debilitada la gestión de Roberto Pagés al frente de la institución. Fuentes confiables explicaron que, en general, hay molestias con el presidente, porque consideran que debería haber dado un paso al costado hasta que se resuelva su situación en el caso de las expropiaciones, en donde está en la mira de Fiscalía de Estado por presuntas irregularidades, para que la entidad no quedara salpicada por el escándalo.

Hasta ayer, los que habían renunciado a la Comisión Directiva fueron los fiscales Juan Manuel Gálvez y Alicia Esquivel, la defensora oficial María Casanovas de Dávila, la secretaria del Ministerio Público Marcela Torres, y los jueces Fernando Vargas, Esthela Tonelli y María Josefina Nacif. Además, otros 2 miembros están analizando tomar igual decisión, destacaron las fuentes. De continuar las dimisiones, el mandato de Pagés corre serios riesgos. El artículo 23 del estatuto del Colegio establece que ‘cuando el número de miembros de la Comisión Directiva quede reducido a menos de la mayoría del total, habiendo sido llamados todos los suplentes a reemplazar a los titulares, los restantes deberán convocar, dentro de los quince días a Asamblea a los efectos de su integración‘. Es decir, si quedan menos de 9, se debe llamar a asamblea general para designar a nuevos representantes. Inclusive, hay quienes dicen que podría intervenirse la institución.

La crisis interna en la institución que nuclea a los magistrados sanjuaninos salió a la luz en diciembre pasado, cuando se llamó a una asamblea para fijar la posición sobre la ley que habilita al fiscal de Estado a intervenir en los procesos de destitución de jueces. Pagés, junto a otros colegas, consideraban por lo bajo que el proyecto oficial es inconstitucional y que no se debería poner en práctica. Otros, en cambio, sostenían que no es prudente repudiar una ley cuando uno de los alcanzados por la misma podría ser justamente el titular de la entidad. La reunión finalmente se frenó y 3 miembros del Colegio le pidieron al presidente que se tomara una licencia. El argumento era que debía alejarse del cargo hasta que se aclarara si tuvo intervención o no en los supuestos fraudes en los juicios de expropiaciones que tramitó cuando era juez del Cuarto Civil, según la sospecha. El fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, ha declarado en varias oportunidades que por el tribunal de Pagés han pasado expedientes de expropiaciones en los que hubo presuntas anomalías.

A todo eso, por el escándalo de las expropiaciones hay una causa penal en trámite. La promovió la gestión giojista, frente a la sospecha de que existió una red delictiva conformada por jueces, funcionarios y abogados que estafaron a la provincia en ese tipo de procesos, inflando el valor de los terrenos para que se pagaran sumas millonarias. La Justicia ya está indagando a 10 sospechosos y hay un Jury contra el juez Carlos Macchi, del Quinto Civil (ver página 6).

Pese a ser mencionado en ese escenario, Pagés continuó en su puesto y esa situación generó que se extendiera la molestia de sus pares, contaron en la institución. Consideran que la entidad queda expuesta y que cada movimiento que haga puede interpretarse como una defensa corporativa hacia el presidente, explicaron las fuentes.

En el seno del Colegio también han cobrado fuerzas otra serie de críticas que apuntan a Pagés. Entre los jueces de Paz hay molestia porque afirman que nunca salió a apoyar el pedido de que se les asigne mayor cantidad de personal y le endilgan no respaldar el planteo de una equiparación salarial, ya que están por debajo de los jueces de primera instancia de los otros fueros. Además, en el seno íntimo del Colegio surgieron voces contrarias a que el presidente haya criticado a fiscales y defensores oficiales. Y en ese marco convulsionado, además circula una nota que solicita que no se haga más la fiesta de fin de año de los magistrados y funcionarios. El fundamento es que el dinero que se recauda (calculan que ronda los 150 mil pesos) se debe destinar a capacitación profesional.