La Fiscalía de Estado ya tenía apuntado a Moisés Moya y ahora tiene puesta la lupa en sus antiguos compañeros de la Sala III de la Cámara Civil, Humberto Caballero y Catalina Cúneo de García. Pasa que tuvieron llamativos cambios de criterio: usaron uno antes de que estallara el escándalo de las expropiaciones y otro después.
En el caso Ruiz Guillermo, donde por 1.500 metros de vereda se pagaron 23 millones de pesos, hicieron lugar a un pedido de readecuación de precios que llevó la cifra por las nubes y hasta elevaron el monto de los intereses. Al poco tiempo, cuando ya estaba en curso la denuncia penal, en otros casos denegaron pedidos de indexación. En Fiscalía dicen que es una grave contradicción.