La Iglesia advirtió ayer que el nuevo protocolo para abortos no punibles avanza sobre la legalización de esa práctica al referir a la interrupción del embarazo como ‘un derecho‘ de las mujeres y criticó al gobierno por ‘conculcar deliberadamente derechos humanos básicos‘.

La comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina objetó en una declaración la instrumentación por parte del Ministerio de Salud del nuevo ‘Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo‘, que unifica el procedimiento hospitalario a seguir en casos de abortos no punibles.

‘El nuevo texto incluye un cambio sustancial respecto al documento anterior al eliminar el concepto de abortos no punibles, sustituyéndolo por derecho a la interrupción legal del embarazo. Esta terminología evade la realidad jurídica de que no existe en nuestro país un aborto legal ni un derecho al aborto‘, aseveró en el documento.

‘Llama la atención que desde el mismo Gobierno se conculquen deliberadamente derechos humanos básicos‘, sostuvo. El Episcopado aseguró que con la disposición ministerial las autoridades nacionales ‘obligan a impulsar el aborto‘, en lugar de procurar ‘caminos de encuentro para salvar la vida de la madre y su hijo.

Los obispos alertaron que el protocolo ‘tiene vicios de inconstitucionalidad‘. La Iglesia advirtió también que la guía de procedimientos ‘no favorece la denuncia cuando el aborto es producto de una violación‘, e indicó que ‘la mira del protocolo parece estar puesta en la eliminación de la persona por nacer, ignorando la responsabilidad del violador y favoreciendo el encubrimiento de un delito gravísimo‘.

El mensaje ‘La vida, primer derecho humano‘ lleva la firma de la comisión ejecutiva del Episcopado que preside José María Arancedo.

El Ministerio de Salud de la Nación actualizó en su página web la guía de 2010 para la atención de los abortos no punibles e incorporó los lineamientos del fallo de la Corte Suprema que ratificó en marzo de 2012 que la interrupción del embarazo en caso de violación no está supeditada a un trámite judicial. El título del documento ministerial revela un cambio significativo, al hablar de la ‘interrupción legal de un embarazo (ILE)‘ como un ‘derecho‘ de las mujeres y también de personas trans con capacidad de procrear. DyN