El intendente de Iglesia, Mauro Marinero, resolvió modificar el polémico esquema de gastos que venía utilizando de las regalías mineras. Contra lo que dice la ley provincial y amparado en una ordenanza municipal, destinaba los intereses que generaba el dinero a pagar gasto corriente, como contratos y becas. Advertido por la Fiscalía de Estado, derogó la norma y corrigió la irregularidad. Ahora aplica la reciente reglamentación de una ley que, además de obligar a que la plata vaya a obras, lo habilita a atender necesidades sociales, de salud y educación.

El manejo de las regalías en Iglesia ha sido objeto de ácidos cuestionamientos y se ha convertido en eje de una fuerte discusión. La plata proviene del 3 por ciento del valor boca mina que paga la empresa Barrick por el emprendimiento Veladero y la ley obliga al municipio a usar lo que le toca nada más que en obras de infraestructura que ayuden al desarrollo del departamento. Pero Marinero armó con el dinero un plazo fijo y venía gastando los intereses en becas estudiantiles y contratos, es decir gasto corriente. Lo hacía tomándose de una ordenanza que impulsó su propia gestión.

El jefe comunal, que quiere ir por la reelección, aseguró que hace poco corrigieron la situación. Según dijo, modificaron la ordenanza y desde el 1 de enero los intereses ya no se extraen para gasto corriente. Tomó la decisión debido a que, a instancias del Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Estado le sugirió que se ponga a tono con la ley y le advirtió que si no lo hacía, iba a analizar pedir la inconstitucionalidad por ir en contra de una norma superior.

Ahora, para utilizar la plata, el intendente se basa en una ley que modificó el esquema original. Contó que el año pasado, el Gobierno reglamentó una norma sancionada en 2007 y contempló la posibilidad de que los municipios ocupen hasta un 20 por ciento del dinero en atender necesidades en los servicios básicos que presta el Estado. El resto, tiene que ir estrictamente a obras.

La ley es la que impulsó el radical Mario Capello antes de terminar su mandato de diputado y modificó la distribución de las regalías. En lugar de percibir el 33 por ciento, de los futuros emprendimientos mineros los municipios se llevarán el 20 por ciento, la provincia el 70 -antes era el 55- y la Dirección de Minería el 10 restante -le tocaba el 12-. Del texto de la ley surge claramente, y se explicó expresamente en el recinto, que el nuevo reparto no se puede aplicar para Veladero, Pascua-Lama, Gualcamayo y Casposo.

De todos modos, Marinero aseguró que el destino de los fondos que figura en la reglamentación sí es de aplicación inmediata. De ahí, dijo que con el 20 por ciento de las regalías cubre actualmente el pago de obras que se hace el municipio por administración y unas 250 becas para estudiantes iglesianos que antes pagaba con los intereses.

En el gobierno confirmaron que la ley permite afrontar erogaciones que antes no estaban contempladas, pero aseguraron que no se trata de gastos corrientes. Según fuentes giojistas, el 20 por ciento es para compra de movilidades -por ejemplo, ambulancias, patrulleros- insumos para prestar servicios o elementos educativos.

En la provincia, el uso que puede tener la plata es mucho más amplio. La ley de regalías dice que los fondos van a rentas generales. Es decir, no tiene afectación específica y el Ejecutivo los puede aplicar a lo que quiera.