La Municipalidad de Iglesia sufrió el embargo de sus cuentas por un total de 518.000 pesos, la mayoría de recursos provenientes de las regalías mineras que provienen de la explotación de la mina Veladero, por honorarios que corresponden a 2 juicios que el municipio perdió por no haber contestado en término los planteos del proceso y por eso quedaron firmes.
Fue porque, según el intendente Mauro Marinero, no estaban enterados de que los procesos seguían avanzando debido a que cuando terminó la gestión del interventor Guillermo Leonardi, las notificaciones siguieron llegando al domicilio que habían fijado en Jáchal los abogados de la intervención y no al nuevo domicilio establecido por la comuna para litigar en el juzgado que tiene jurisdicción sobre Jáchal e Iglesia. Y ellos no se enteraron de que seguían avanzando.
Según Marinero, cuando se hizo cargo del municipio tras la intervención de Leonardi por la destitución de Alfredo Allegui, en noviembre del 2006, había en marcha dos juicios contra el municipio.
Uno lo había iniciado una empleada municipal, Miriam Mini, hermana del ex intendente justicialista Alfonso Mini. Pero que fue separada del cargo en 1991, cuando llegó al gobierno municipal el bloquista Ramón Anes.
Si bien en la primera gestión de Marinero, que llegó en 1995, la habían reubicado en el cargo, inició una demanda por los haberes que no había cobrado. Esa demanda quedó firme en mayo de este año porque si bien las arcas municipales estaban amparadas por la ley de emergencia económica, a la que la comuna está adherida y que impide el embargo de las cuentas, el abogado planteó la inconstitucionalidad de la norma y el juez Carlos Mateo hizo lugar. Y como el municipio nunca contestó al planteo, quedó firme.
El abogado de Mini, que las fuentes optaron por mantener en reserva, fue el mismo que llevó adelante una segunda demanda contra el municipio, pero en este caso defendiendo a Checre Washington Deguer. Se trata del propietario de un terreno lindero al anfiteatro municipal y al camping de Rodeo, que el municipio ocupaba como acceso. Deguer quería la liberación de su terreno y otra vez el juez de Jáchal, Carlos Mateo, hizo lugar al planteo.
Lo que el municipio debe pagar ahora son los honorarios del abogado que llevó los dos juicios, que reclama los 518.000 pesos retenidos de las cuentas municipales.
Aunque en el juicio laboral Marinero dijo que sabía que existía, explicó que "para nosotros estaba sin movimiento".
Según el intendente, en la gestión del interventor Leonardi, que es el actual secretario de Gobierno de la provincia, los abogados de la intervención fijaron domicilio en Jáchal y después las notificaciones siguieron llegando a ese domicilio.
"Lo que no entiendo es por qué el juzgado siguió notificando al otro domicilio y no al nuestro", dijo Marinero.
Todavía el abogado que impulsó ambas causas no cobró el dinero, pero el intendente dijo que los fondos están inmovilizados y que él no puede disponer de esos recursos. "Eso nos ha producido demoras en los pagos, pero ya lo hemos arreglado", dijo.
Marinero comentó que incluso el gobernador José Luis Gioja está al tanto de la situación.