Los tres miembros permanentes del Tribunal de Tasaciones (TT) que permanecen suspendidos por el escándalo de las expropiaciones fraudulentas fueron acusados de cometer anomalías en el ejercicio de sus funciones y quedaron más complicados todavía. El instructor de la investigación administrativa que inició el Estado les imputó incumplir con sus obligaciones en forma reiterada y grave, ser negligentes y producir informes incorrectos acerca de lo que debía pagar la provincia por terrenos expropiados. En uno de los casos que analizó, determinó que tasaron a fecha actual un inmueble que estaba bajo el agua y que en consecuencia, no tuvieron forma de constatar su estado real. En la valuación cambiaron de criterio “sin fundamentos” y eso abrió la puerta para que se fijaran precios siderales por otros lotes que, se presume, fueron parte de una estafa millonaria contra las arcas públicas.
Los funcionarios que están en la mira son Joaquín Fernández, Pedro Bazzani y José Moreno. Los tres forman parte de la conducción del TT, que se encarga de tasar los terrenos que expropia el Estado, y están procesados en la megacausa de las expropiaciones. Atendiendo a las sospechas de que podrían haber sobrevaluado inmuebles en perjuicio de la provincia, la administración giojista intervino el organismo en noviembre de 2012, suspendió a sus autoridades y decidió abrir una investigación.
La misma fue llevada adelante por Ricardo Romero, uno de los asesores letrados de la provincia, quien detectó irregularidades en la valuación de un terreno de 9 hectáreas expropiado en Cuesta del Viento que tenía como poseedor a Ricardo Benito Luna y por el que la provincia pagó la increíble suma de 8 millones de pesos. En el plenario para establecer el precio (conocido como Plenario Luna), los funcionarios definieron que era suburbano y no rural como otros que habían tasado con anterioridad en la misma zona. El instructor dice que esa modificación fue “sin fundamentos”, ya que el área fue definida como “turística y recreativa” a pesar de que “no reunía ninguna de esas características” al momento de la desposesión. Además, sostiene que no se respetó la ley porque se le asignó “un valor de uso futuro por efecto de la obra a ejecutarse”.
El cambio tuvo un alto impacto en el precio del lote, debido a que tasaron por metro cuadrado como si fuera suburbano y aplicaron un método que supuestamente es sólo para urbanos. De acuerdo a lo que se investigó en la megacausa, en lotes de similares características de la localidad iglesiana fijaron 1.663 pesos por hectárea y en el caso Luna impusieron 19 pesos por metro cuadrado, es decir un monto equivalente a 19.000 pesos por hectárea.
El capítulo de cargos marca una “incoherencia” de los acusados en cuanto a las mejoras. Esto, consigna el documento, porque calificaron de suburbano al terreno y le asignaron valor a mejoras rurales.
Todo, con el agravante de que el terreno en cuestión estaba bajo las aguas del dique Cuesta del Viento. Romero señala que “hubo incumplimiento de la premisa básica de valuación inmobiliaria, que se debe regir por “objetividad y realidad”. Se apoya en un informe elaborado por la arquitecta Hemilce Benavidez, quien asegura que “no podría haberse practicado una tasación objetiva y real” a fecha actual, “ya que el objeto no estaba a la vista (imposibilitando su inspección)”.
Sobre el cambio de criterio, oportunamente en la Justicia llamó la atención una cuestión. El abogado de Luna era Santiago Graffigna, imputado en la megacausa como líder de la supuesta asociación ilícita que inflaba el valor de los inmuebles, y fuentes vinculadas al caso aseguraron que los integrantes del TT siguieron aplicando el mismo método en sus juicios. Mientras que en los que eran llevados por otros letrados, contaron, volvieron al mecanismo anterior.
La investigación administrativa se centró también en un hecho que fue determinante para la intervención del organismo. Se trata de un terreno en Albardón que fue valuado dos veces y que arrojó dos resultados muy diferentes. En 2005 lo consideró rural y lo tasó a 430 mil pesos y 5 años después, lo rotuló de residencial y fijó 2,2 millones de pesos, lo que implica cinco veces más.
Según Romero, otra vez “se le asignó un uso futuro al sector donde se localiza el inmueble”. Y agrega que se aplicó como método una tabla de Catastro que se usa para fines impositivos y no expropiatorios.
El procedimiento dicta que los acusados deben ahora hacer su descargo y aportar pruebas en su defensa. Con la respuesta, se tendrá que designar otro abogado para que confeccione el dictamen final y recomiende si hay que sancionar a los investigados (podría llegar hasta la cesantía). Y será finalmente el gobernador José Luis Gioja, como titular del Ejecutivo, quien decida la suerte que correrán.