El fiscal federal Jorge Di Lello impulsó ayer una investigación penal del vicepresidente Amado Boudou por presunto ‘enriquecimiento ilícito‘ durante su gestión como ministro de Economía de la Nación.
El requerimiento del funcionario del Ministerio Público fue entregado al juez federal Ariel Lijo, que también tramita otros dos expedientes vinculados a Boudou: por el caso de la ex Ciccone Calcográfica y una derivación de éste, el llamado ‘Righi-Gabbi‘. Lijo, que reemplazó al juez federal Daniel Rafecas del caso Ciccone, además tiene que resolver si aparta de ese expediente al fiscal Carlos Rívolo.
El dictamen de Di Lello, que coloca a Boudou en situación de imputado, también pide investigar a su novia, Agustina Kampfer, y a los empresarios José María Núñez Carmona, socio y amigo del vicepresidente, y Alejandro Vandenbroele, supuesto titular de la nueva Ciccone Calcográfica.
Núñez Carmona y Vandenbroele están siendo investigados con Boudou en la causa de la ex Ciccone. El fiscal pidió investigar la participación de Boudou y del resto de los acusados como integrantes o accionistas de 13 sociedades anónimas, entre ellas la Compañía de Valores Sudamericana SA, como se llama la nueva Ciccone; The Old Fund, la empresa de Vandenbroele que levantó la quiebra de la imprenta, y London Supply SA, compañía que aportó 1.800.000 de dólares para recuperarla.
La denuncia original fue radicada por Christian Sanz, director del portal digital Tribuna de Periodistas, y el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, habituado a realizar este tipo de presentaciones ante la Justicia.
‘Se verificó la existencia de numerosas y mediatizadas causas en trámite, más de 10 con contenido patrimonial en contra de los denunciantes cuya trascendencia institucional obligan al suscripto a impulsar la investigación‘, sostuvo Di Lello.
Es la primera vez que se investiga por enriquecimiento ilícito a Boudou. El escrito vinculó al vicepresidente con ‘la compra de terrenos en un exclusivo Barrio Privado de Pinamar‘. También mencionó ‘su participación accionaria en las sociedades sospechadas de corrupción‘ y la ‘sugestiva locación ’simulada’ del inmueble que habita el enrostrado en Puerto Madero‘.
Todo ello, ‘amén de contar con suculentas sumas de dinero depositadas en cuentas bancarias locales‘, según la denuncia.
Incluyeron otra lista de particulares y empresas de Mar del Plata que -según la denuncia- son ‘cercanas al vicepresidente‘.
Fuente: DyN