El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó de supuestos nombramientos irregulares de fiscales a quien es su superior en el Ministerio Público, la titular de la Procuración General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, al impulsar una investigación por presuntos ‘abuso de autoridad‘ y ‘violación de deberes de funcionario público‘.

Fuentes judiciales revelaron que Marijuán dio impulso a la investigación en la causa iniciada por la denuncia que radicó el senador radical e integrante del Consejo de la Magistratura Mario Cimadevilla, a raíz de la creación de nuevas fiscalías y designaciones.

La denuncia refiere a que Gils Carbó nombró supuestamente fuera de procedimiento, sin llamado a concurso, al secretario y exabogado en causas de derechos humanos Carlos Gonella como titular subrogante de la recién creada Procuraduría General para la Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Su nombre cobró notoriedad días atrás, cuando se supo que Gonella no incluyó al empresario kirchnerista Lázaro Báez en el pedido de informes que hizo a la Bolsa de Comercio sobre los supuestos blanqueo y fuga de capitales que destapó un programa periodístico.

Ahora el fiscal Marijuán pidió tres medidas de prueba, entre ellas ‘obtener expedientes administrativos que dieran origen a cada una de las resoluciones de la Procuración General de la Nación‘ en relación a la creación de nuevas fiscalías especiales. Y solicitó también que se ‘obtenga un soporte magnético que contenga la copia de la totalidad de las presentaciones efectuadas por Procelac‘, así como por la ‘Procunar‘ (Procuraduría de Narcocriminalidad) donde Gils Carbó ubicó a Félix Crous, exfiscal en juicios por derechos humanos, y que serían unas 35. También requirió que la Procuración General presente copia certificada de los legajos personales de cada persona designada como fiscal subrogante o ’ad hoc’.

Marijuán impulsó la denuncia ‘a fin de posibilitar la actividad investigativa de la presente causa‘ y sostuvo que debe tramitarse por los delitos de ‘abuso de autoridad‘ y ‘violación de deberes de funcionario público‘.

Las medidas de prueba solicitadas por Marijuán ahora deben ser resueltas por el juez federal Sebastián Casanello. Se trata del mismo juez y fiscal que investigan la causa de lavado de dinero por la que fueron imputados el contador Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar.

Este fiscal es el que obtuvo la primera condena a una funcionaria K, la ex ministra de Economía Felisa Miceli (2005-2007), penada a cuatro años de cárcel por el del hallazgo de una bolsa de papel con 100 mil pesos y más de 30 mil euros en el baño de su oficina del Palacio de Hacienda.

Al día siguiente de ser denunciada, Gils Carbó anunció, a través de la web de la Procuraduría, un nuevo reglamento para la selección de fiscales ‘más rápido pues define -y limita- plazos concretos para cada una de las etapas del concurso‘ ya que hubo algunos ‘por más de 4 años‘ y se aspira a que ‘no duren más de seis meses‘. Gils Carbó fue designada jefa de los fiscales luego que fracasó el intento oficial por colocar en ese puesto al Síndico General de la Nación, Daniel Reposo.