�Desde 1995 los gobiernos de las dos mayores provincias productoras de vinos -Mendoza y San Juan- acordaron cada año fijar un porcentaje mínimo de uvas que se destinan a la producción de mostos, con el objeto de promover la diversificación vitivinícola y evitar los excedentes vínicos, en un intento por mantener el precio del vino en niveles rentables para los productores. Pero en 17 años de los 21 que tiene de vigencia el pacto, Mendoza incumplió con el cupo acordado. Sólo hizo el porcentaje del acuerdo en 1996, 1997 y 1998, y luego en el 2000.