El juez que investiga el caso del escandaloso video del Hospital Marcial Quiroga hizo lugar el pedido de la fiscal y llamará a indagatoria a los 15 profesionales que aparecen en la filmación, adelantaron en el Poder Judicial. Se trata de los médicos, las enfermeras y el personal técnico que se ven riéndose y burlándose durante una intervención quirúrgica que se realizó en el nosocomio para extraerle una botella del recto a un paciente que llegó pidiendo atención urgente. Tras las declaraciones, el juez deberá decidir si los procesa o los desvincula de la causa.
La indagatoria de los sospechosos había sido pedida por la fiscal Estela Marys Romero y, según dijeron fuentes judiciales, el juez ya hizo lugar y en los próximos días enviará los oficios convocándolos a comparecer. Al mismo tiempo se supo que la directora del Marcial Quiroga, Susana Rudaeff, fue citada a declarar el 10 de junio, pero en calidad de testigo.
La indagatoria es una herramienta procesal para que los implicados den su versión de los hechos y tengan la posibilidad de defenderse. Después de escucharlos, el magistrado deberá resolver en qué situación judicial quedan. Tiene tres opciones: procesarlos y elevar la causa a juicio, sobreseerlos -es liberarlos de culpa y cargo- o dictar la falta de mérito -en cuyo caso, sigue la investigación y si surge un elemento nuevo, los sospechosos pueden quedar hasta procesados-.
La causa penal se disparó como consecuencia de la denuncia que hizo el ministro de Salud, Oscar Balverdi, luego de que saliera a la luz un video de octubre de 2009 en el que se ve a un grupo de profesionales que en el quirófano filman con sus celulares, hacen bromas, se ríen y se burlan mientras uno solo la saca el objeto al paciente. La filmación tomó estado público en mayo cuando fue subida a Internet, al sitio Youtube, lo que despertó un fuerte revuelo que pone sobre el tapete el respeto de las normas éticas y profesionales por parte de los que se ven en el video.
La identidad de los implicados, que en la filmación aparecen con gorros y cofias, figura en un listado que el propio Balverdi aportó como prueba a la causa al momento de hacer la denuncia. De ese listado surge que cinco son médicos, ocho pertenecen al staff de personal técnico del nosocomio, una es enfermera y uno camillero; la mayoría de ellos entre 25 y 30 años de edad. De ellos, según surge de la nómina, sólo ocho estaban autorizados a participar de la intervención y los otros fueron a curiosear.
El juez Eduardo Gil los investiga por los presuntos delitos de violación de los deberes de funcionario público y violación del secreto profesional, ambos excarcelables. Mientras tanto, la víctima -el paciente- no se ha presentado para hacer la denuncia, lo que podría favorecer a la resolución del caso, según advirtió en su momento el fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani.
En Salud Pública hay al mismo tiempo un sumario administrativo para determinar los responsables del escándalo, que podría derivar en sanciones que llegan hasta la exoneración de la administración pública. Ayer, fuentes de la cartera sanitaria confiaron en que los profesionales ya empezaron a declarar ante el abogado sumariante. Lo que sigue sin saberse es si continúan cumpliendo las mismas funciones en el nosocomio.