El gobernador José Luis Gioja anunció ayer una reforma inédita en el corazón de la estructura de la Policía de San Juan y el Servicio Penitenciario. Una nueva área integrada por civiles que no pertenecen al ámbito de las fuerzas de seguridad se encargará de controlar la conducta de los uniformados y sancionarlos si cometieron irregularidades dentro o fuera de su trabajo. Desde siempre, esa función estuvo en manos de organismos internos conformados por policías o guardiacárceles. Con la modificación, esas dependencias desaparecerán y el control estará bajo la órbita del Ministerio de Gobierno.
La medida fue impulsada por el ministro Adrián Cuevas y se produce cuando todavía están latentes hechos puntuales en los que la Justicia investiga si policías cometieron delitos, como el caso de 2 uniformados que están acusados de asaltar un ciber, ocurrido en febrero pasado, y el del ex segundo jefe del Toxicomanía que espera el juicio por un supuesto tráfico de drogas. El funcionario aseguró que la nueva repartición, llamada Subsecretaría de Inspección y Control de la Seguridad Pública, no obedece a ese motivo sino que remarcó que no es conveniente que la misma Policía sea juez y parte al investigar a sus propios uniformados. “De esta manera se gana en transparencia”, resaltó Cuevas, quien agregó que la mayoría de las fuerzas de seguridad del país tienen este tipo de control externo.
Durante la inauguración de la delegación del Renar y del Registro de Reincidencia (ver foto), el Gobernador dio a conocer la creación de la nueva repartición. La Subsecretaría estará compuesta de dos Direcciones: la de Investigación y la de Control de Gestión. La primera es la que investigará las faltas disciplinarias e irregularidades de los efectivos, tanto en ámbito de su trabajo como fuera de el, mientras que la segunda verificará que se cumplan los objetivos trazados por la institución y además recibirá la consulta y las quejas de la gente. La sanción será una decisión de la Subsecretaría de Control. Cuevas dijo que la nueva área estará en funcionamiento en 30 días y que están evaluando el curriculum del futuro subsecretario y los de los 2 directores. Los funcionarios no serán policías ni penitenciarios en actividad o retirados, con el objetivo de llevar a cabo auditorías externas. Además, la Subsecretaría y sus 2 dependencias no funcionará en la sede de la Policía ni el Servicio Penitenciario. Inclusive lo hará fuera del área del Centro Cívico, señaló Cuevas, quien dijo que el Gobierno está por concretar la instalación de la repartición en un nuevo predio, aunque evitó dar precisiones.