El juicio contra Daniel Llorens y Teresa Molina es uno de los tantos que quedó en poder de la provincia cuando el Banco San Juan fue privatizado, en 1996. En esa operación, el Estado se quedó con 195 millones de pesos en créditos que fueron tomados cuando la entidad financiera era estatal y que no habían sido cancelados. Nunca se supo a ciencia cierta cuánto es el dinero que pudieron recuperar las arcas públicas en el transcurso de estos años, pero sí se sabe que decenas de préstamos quedaron en la nada e impagos. Muchas demandas directamente no se pudieron iniciar en la Justicia, porque se perdió la documentación respaldatoria para ejecutar al deudor (muchos de ellos, conocidos empresarios). En otros casos, como Soto, Grynszpan y Llorens, el proceso judicial se disparó y después se cayó por inacción de abogados de Fiscalía de Estado.
