Ruperto Godoy y Marita Benavente, precandidatos a gobernador y vice del Frente para la Victoria respectivamente, usaron los hechos de inseguridad ocurridos en las últimas semanas para hacer campaña proselitista, de eso no hay dudas. O al menos este cronista no tiene dudas. ¿Porqué lo hicieron? Seguramente porque creyeron en el efecto rápido de palabras que la gente quiere escuchar. Lamentablemente hay dirigentes políticos (estos y muchos otros) que tienen por costumbre el tomar de estúpidos a los ciudadanos. Por supuesto Godoy y Benavente no hubiesen tenido la oportunidad de aprovechar el espacio si la inseguridad no fuese un tema que preocupa. El problema existe y el Gobierno se equivoca en el abordaje: más patrulleros no es más seguridad. Hacen falta políticas de Estado que involucren hasta al Estado nacional y, por ahora, en medio de cambios de Gobierno y con la Corte sanjuanina armando las valijas, es imposible pensar en alguna respuesta seria para el corto o mediano plazo. Godoy sabe esto y de igual forma planteó el debate. Benavente pudo haber caído en la inocencia de las utopías políticas, se puede arriesgar. En resumen, desprolijo es poco.
Hace escaso tiempo una profesional que trabaja en el Penal de Chimbas dio cifras categóricas en una entrevista radial: cerca del 70 por ciento de la población carcelaria (unos 1.200 internos en total) está en proceso de enjuiciamiento, es decir, no tiene condena. Sólo el 30 por ciento restante está purgando una pena luego de haber pasado por un juicio. ¿Cuál es la diferencia? El ánimo, la ansiedad de no saber qué va a pasar mañana, cuándo va a llegar el juicio y qué cantidad de tiempo deberán pasar encerrados. Esas personas deben convivir con otras ya sentenciadas. Entonces, el Penal de Chimbas, en estas condiciones termina convirtiéndose en una especie de escuela de delincuentes, donde quienes esperan una condena y son "menos expertos" aprenden de aquéllos con mayor experiencia. ¿Por qué la mayoría de los presos no tiene condena firme? Porque en la Justicia no dan abasto, porque no pueden con el ritmo de la cantidad de delitos que se registran por día, porque es físicamente imposible que un juez de instrucción tramite correctamente alrededor de 500 denuncias que le caen por turno, como le pasó a Pablo Flores en el dramático mes pasado. Rubén Senatore, el ladrón ultimado por un productor viñatero el fin de semana pasado, tenía al menos 22 causas iniciadas y en la mayoría le dictaron falta de mérito, es decir, los jueces no lograron reunir la prueba necesaria para condenarlo. Tal vez faltó tiempo para investigar, tal vez la Policía no está capacitada para reunirlas, tal vez el juez tiene tantas causas que no le prestó la atención necesaria. Es al menos extraño que un tipo al que detuvieron 22 veces, en sólo 2 casos haya sido culpable. Algo pasa. Hay una renovación histórica de jueces y no puede ser que los que están entrando sean tan incapaces como los que se están yendo. Evidentemente la administración de Justicia no está bien.
En el Gobierno, por lo bajo, se quejan del Poder Judicial al hablar de las Salidas Transitorias, al achacarle a algunos jueces el mote de "garantistas" y "sacapresos". Pero no hacen nada. Se escudan en el latiguillo de que se trata de otro Poder del Estado y dicen que no van a intervenir. Si bien es saludable el respeto a la libertad de cada Poder, también es cierto que en toda Democracia el diálogo y el trabajo en conjunto entre los cabeza de poder debe existir y eso, se ve, en San Juan ocurre poco, al menos para estos temas.
La inseguridad es un problema muy complejo que debe tratarse rápidamente, pero de manera seria, de manera responsable. Como hay campaña, como hay un poder político demasiado cerrado y conservador y hay una Corte que no hace nada, es de esperar que cualquier planteo serio termine en la nada misma. O, por el contrario, que ocurra lo que pasó esta semana, donde dos dirigentes con ganas de hacerse notar planteen la inquietud sólo para ganarse la atención de los votantes. Mientras sigamos así, nada va a cambiar. Una pena.