Estamos ante la posibilidad de una nueva "’intervención humanitaria”, esta vez en Siria. Los debates sobre la legalidad y la legitimidad de esta práctica están en el foco de la opinión pública. El derecho internacional no ha sabido generar una respuesta clara al respecto.
Supuestamente, la intervención sería para protección de los civiles. Sin embargo, es claro cuál sería el método: destruir las fuerzas armadas de Bashar al-Asad para evitar el ataque de éste a los bastiones rebeldes.
¿Por qué no se interviene atacando a los rebeldes para neutralizarlos y así terminar la guerra civil a favor del Estado sirio? Es evidente: porque las potencias interventoras buscan favorecer la causa rebelde y no les cae muy simpático el régimen sirio.
La intervención no es, en lo absoluto, neutral. Hay un enemigo concreto y un grupo concreto a quien quiere beneficiarse.
Es un caso similar a la intervención humanitaria en Libia de 2011. Allí también se alegaron causas humanitarias. Se dijo que se intervenía para evitar una catástrofe en la ciudad de Bengasi, bastión rebelde que, según se argumentó, Gadafi pensaba aniquilar. Sin embargo, el ataque militar se prolongó hasta derrocar al líder libio y ajusticiarlo ante los ojos del mundo. Sólo allí se comprobó la real intención de las potencias interventoras.
Aceptemos por un momento que el régimen sirio de al-Asad no es democrático y coarta derechos políticos básicos. ¿Esto habilita a que un puñado de países Occidentales intervenga y derroque a los gobernantes porque considera que es mejor otro régimen?
El jurista Thomas Franck, en 1992, escribió en el prestigioso American Journal of International Law sobre la existencia de un "’derecho humano a la democracia”. Podríamos suponer que se debería intervenir Siria (como Libia) porque la población tiene derecho a un gobierno democrático.
Esta idea me parece por demás peligrosa. ¿Quién define cuándo un país es democrático? ¿Cuáles son los parámetros que se deben tomar?: ¿Elecciones libres? ¿Respeto de los derechos humanos? ¿Qué derechos? ¿Qué violaciones son límites para considerar que ya no es democracia? ¿Qué se hace con un país "’no democrático”?
Y estas preguntas, que no se agotan en esta breve enumeración, son posteriores a la cuestión más importante de todas: ¿necesariamente tenemos que imponer la forma de gobierno democrática al estilo Occidental en todo el mundo? ¿Qué pasó con el principio de autodeterminación de los pueblos?
Es por esto que rechazo ese pretendido "’derecho humano a la democracia” por ambiguo, peligroso y susceptible de ser manejado por intereses económicos e imperiales.
Pero queda todavía la pregunta de si debe intervenirse para proteger otros derechos como la vida o la integridad física de los civiles.
Me parece que la mayoría aceptaría la intervención si se reuniesen al menos estos tres requisitos: primero, que la intervención se haga con fines exclusivamente humanitarios. Segundo, que no oculte pretensiones económicas o imperiales. Y tercero, que sea seguro que la intervención conseguirá la paz y no aumentará los sufrimientos de la población.
Pero no es así como sucede. Quienes promueven la intervención carecen de autoridad moral suficiente para que creamos en su discurso de paz ajeno de pretensiones imperiales.
Hoy por hoy el derecho internacional no es capaz de evitar que una intervención se disfrace de ropajes humanitarios y oculte otros intereses. Además, los males que sobrevendrían, con una posible guerra internacional que involucre a los Estados Unidos, Israel, Irán e incluso Rusia, serían muy superiores a los que en estos momentos se viven en Siria.
Es por esto que rechazo la intervención aunque entiendo que hacerlo así es aceptar los sufrimientos de los civiles que en estos momentos están padeciendo. Pero, ante la urgencia de la situación, no podemos discutir eternamente las bondades o problemas de las intervenciones. Eso es lo dramático de la política y lo que la distingue de la academia: la fatalidad del tiempo que impone tomar una decisión.
(*) Doctorando en Derecho y Ciencias Sociales, UNC. Becario del Conicet. Adscripto a las cátedras de Derecho Internacional Público y Derecho Político, UNSJ.