�Un análisis objetivo del conjunto de medidas anunciadas para el sector vitivinícola exige hacerlo a partir de un profundo conocimiento de la historia de nuestra vitivinicultura, de las recurrentes crisis provocadas por un desequilibrio estructural entre oferta y demanda y de la gravedad de la situación actual dada la imperiosa necesidad de encontrar una solución al dramático problema que aqueja a miles de viñateros no integrados a la cadena de valor. La falta de uva por efecto de las heladas, olas de calor, las copiosas lluvias más el bajo nivel de stock vínico proyectado a la fecha de liberación del vino nuevo, no se condice con los bajos precios que en la actualidad se ofrece a los viñateros por la uva de la presente cosecha.
Una opinión importante es la del empresario vitivinícola y profesor universitario Aldo Biondolillo que en una nota aparecida en Diario Los Andes señala que las medidas anunciadas para el sector han provocado reacciones que van desde una total aprobación hasta un fuerte rechazo, lo cual refleja no sólo intereses contrapuestos sino también marcadas diferencias ideológicas. Señala Biondolillo que quienes hoy critican la intervención del Estado parecen desconocer que en los peores momentos de la vieja vitivinicultura, cuando aún operaban en el mercado Giol en Mendoza, pedían a viva voz que la bodega estatal participara cada vez más activamente en el mercado de uvas y de vinos de traslado.
Queda claro que la presencia del Estado en el mercado respondía no tanto al afán intervencionista del Gobierno sino fundamentalmente en respuesta a la demanda generalizada de los actores del sector y de las dirigencias política y empresaria, frente a las recurrentes crisis de sobreoferta que erosionaba fuertemente la rentabilidad de las empresas.
La permanente búsqueda de protección estatal terminó trasladándose al conjunto de la sociedad mendocina que veía en GIOL un símbolo de la soberanía económica provincial. Se explica entonces por qué la empresa estatal sobrevivió a administraciones provinciales tan diversas. La fijación de precios referenciales por parte de Giol se convirtió en un mecanismo perverso que demoró dos décadas la reforma estructural del sector a partir de la cual comenzó a revertirse el permanente desequilibrio.
La enseñanza de tan traumática experiencia es que debemos mirar al sector con una visión de conjunto que busque el bien común por encima de intereses particulares, y que más allá de si el Gobierno provincial interviene o no en la coyuntura, lo que importa es que todos aportemos al diseño de una política de Estado de largo plazo.