El avance oficial sobre las empresas privadas en las que la Anses tiene participación, se consolida con el nombramiento de casi medio centenar de representantes en el directorio de las compañías o como síndicos.
Esta vocación intervencionista, para controlar políticamente a los sectores productivos, es preocupante. De las 40 firmas en las que la Anses tiene acciones, tras la estatización de las AFJP, el Gobierno ya actúa en la mitad. La tendencia oficial a insertarse en el sector privado, semeja a la política de intervención de la economía de Hugo Chávez, contrariamente al modelo exitoso de las economías más florecientes del mundo.
La maniobra kirchnerista para hacer pie en las empresas privadas es clara. Cuando se discutió la ley que permitió el traspaso de los fondos previsionales al Estado, el proyecto no contenía ninguna limitación. Pero esa restricción fue consensuada posteriormente en el Congreso para obtener el respaldo de legisladores disidentes y la versión taquigráfica lo explica con precisión. Incluso el entonces titular de la Anses, Amado Boudou, negó terminantemente que la Anses y el Poder Ejecutivo fueran a designar directores. Con esta salvedad, la ley fue aprobada.
Ese criterio cambió pocos meses después y el Gobierno dispuso la intromisión en las empresas privadas por parte del Estado, a través de pedidos de informes, aclaraciones, y reclamar derecho el de voto.
Es sumergir más al país en la sangría de desconfianza instalada por un modelo que frena las inversiones y desalienta al sector privado por la creciente inseguridad jurídica.