Para determinar las causas del colapso de la cañería de agua potable de la avenida Libertador, que se rompió en cuatro oportunidades entre 2009 y 2010, OSSE pidió una pericia clave al Instituto de Materiales y Suelos de la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza. A un año de esa solicitud, el organismo universitario aún no ha contestado si la va a hacer o no. Frente a esa demora, ayer el Departamento Jurídico de la repartición estatal presentó un escrito en el Juzgado Contencioso Administrativo para que intime al Instituto a que se decida si va a llevar adelante o no la investigación. Fuentes de OSSE estimaron que la jueza fijará un plazo de 10 días para obtener una respuesta.
La importancia de la pericia radica en que, con el resultado en la mano, la jueza del Contencioso Administrativo podrá establecer cuáles fueron las razones de las roturas de los caños. Con esa resolución, OSSE puede inferir si la responsabilidad de las fallas estuvo en la empresa que instaló la cañería (Menín Construcciones) o en la que proveyó los materiales (PVC San Juan) y encarar una demanda civil, según explicó el asesor legal, Juan Jesús Romero. La decisión de avanzar en la investigación la tomó el presidente de la dependencia estatal, Cristian Andino, quien aseguró que van a agotar todas las instancias judiciales para determinar si hay un culpable para que se haga cargo del resarcimiento económico.
La obra comenzó en 2008 y consistía en en el recambio de las tuberías de agua potable y la repavimentación de la avenida Libertador, desde Salvador María del Carril hasta Rastreador Calívar. El emprendimiento representó una lavada de cara para la vía de acceso más importante de Rivadavia y de mayor tránsito vehicular. Sin embargo, en 9 meses entre 2009 y 2010 (Ver aparte), la cañería se rompió cuatro veces en cuatro puntos distintos, lo que ocasionó un retraso de la obra e inconvenientes que derivaron de la reparación de la calzada, como el corte de algunos sectores de la calle y el embotellamientos de automóviles.
Frente los sucesivos colapsos, OSSE encaró la investigación y presentó ante el Juzgado Contencioso Administrativo una solicitud de prueba anticipada, que es una instancia judicial previa a una demanda civil. La repartición estatal encargó una serie de pericias para establecer si las cañerías eran aptas para el funcionamiento, si la compactación del terreno estuvo bien hecha y, sobre todo, cuál fue el motivo de las fallas. El ente elegido, en acuerdo con la empresa Menín y PVC San Juan, fue el Instituto de Materiales y Suelos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, destacó Romero. Previamente, la UNSJ había realizado un estudio preliminar que señaló que los caños presentaban fallas, pero ese resultado carecía de validez judicial porque no hubo control por parte de las empresas. Además, la firma proveedora de los materiales argumentó que la pericia que hizo la UNSJ no es requerida en las normas de control de calidad, manifestó el asesor legal.
El pedido al instituto mendocino, a través del Contencioso Administrativo, fue realizado en mayo de 2011 y luego de un año, no hubo ninguna respuesta. Así nació el pedido de intimación por parte de OSSE para saber a ciencia cierta si el organismo universitario hará la pericia. En caso contrario, la repartición deberá buscar otro instituto que cuente con un laboratorio para realizar ese tipo de estudios.