El juez de Instrucción José Atenágoras Vega ordenó ayer a los policías de la seccional 1ra. allanar la casa que desde hace 9 años alquila el médico cirujano Oscar Jorge Flores (54) en Estrada al 162 Oeste, en Capital, en busca de pruebas que confirmen o no una sospecha grave: saber si está ligado a la muerte por la infección a causa de un aborto clandestino de una joven, madre de 3 chicos, que trabajaba en una calera de El Villicum, Ullum, el pasado 30 de setiembre.
Así, los problemas para Flores se complicaron por partida doble, ya que el miércoles en la noche había sido detenido en su casa por policías de la seccional 2da., luego de hallar en una camilla y con apósitos con sangre en sus genitales a una joven, madre de 4 hijos, que supuestamente llegó a que le practicaran un legrado: la sospecha pareció confirmarse por restos de placenta que había en un tacho de basura.
Esa noche, los policías dirigidos por el secretario del 5to. Juzgado de Instrucción, Eduardo Gallardo, habían detenido al profesional (recibido en Córdoba en 1985) y a la joven de apellido Britos (luego derivada al hospital) por orden de la juez María Inés Rosselot. También secuestraron analgésicos, antibióticos, descartables, instrumental quirúrgico, recetarios y cuadernos con anotaciones.
Ahora Flores está bajo la lupa por la sospechosa muerte de Ana Lencina, una mujer de 33 años que vivía en el barrio Cabot, Capital. ¿Por qué la sospecha? según fuentes de la investigación, el médico quedó en la mira porque cuando la mujer precisó un certificado médico para justificar sus inasistencias a causa de la maniobra para eliminar a su feto, fue Flores quien extendió ese certificado.
Los investigadores judiciales y policiales aseguraron que la víctima había sido internada en el Sanatorio Mayo y luego derivada al Centro de Cuidados Intensivos (CCI), donde finalmente perdió la vida el pasado 30 de setiembre. La conexión con Flores surgió cuando el juez ordenó secuestrar el legajo personal de Lencina en su lugar de trabajo y entonces los pesquisas encontraron dos certificados firmados y sellados por el profesional.
Ayer, policías de la seccional 1ra. secuestraron una camilla y otras evidencias que ahora serán analizadas por autoridades judiciales. Y todo indica que el juez Vega deberá pedir informes a su par María Inés Rosselot para saber si entre los papeles y documentos secuestrados por los policías de la seccional 2da. se encuentra alguna prueba para confirmar o no las sospechas sobre su vinculación al caso mortal.
Ayer, el abogado del profesional, Ismael Hidalgo, reiteró la inocencia de su defendido, aseguró que hubo "irregularidades en el procedimiento" y que la actuación judicial "se basa en suposiciones".