Sospechados de haber cometido administración fraudulenta en perjuicio de la Mutual de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), dos exdirectivos de la institución, Rubén Castro, que era el presidente, y Roberto Bazán, que cumplía funciones de tesorero, serán llamados para que presten declaración indagatoria por el juez Maximiliano Blejman, titular del Cuarto Juzgado de Instrucción y encargado de la investigación de las irregularidades detectadas en su funcionamiento. La convocatoria será recién en 2015 porque está muy próximo el fin de año y el inicio de la feria judicial de enero próximo, según confirmaron fuentes judiciales.

La nueva administración de la Mutual, encabezada por Omar Cereso, que asumió formalmente el 7 del mes pasado, se encontró con que la institución estaba fuertemente endeudada, por un monto de alrededor de 7 millones de pesos, de los cuales unos 5 millones correspondían al pago de cheques de prestamistas, sin que existan registros del destino que se les dio a esos recursos. Por eso hizo una denuncia penal, que investiga el magistrado, y que tiene en la mira a los exfuncionarios.

“Es una pena el maltrato al que ha sido sometida la mutual”, dijo Cereso, y lamentó que “tengamos que estar de nuevo en el debate público”. Lo decía con referencia al tristemente célebre caso del ingeniero Raúl Tellechea, exempleado de la Mutual, que desapareció hace más de 10 años en medio de una fuerte sospecha de una estaba cometida en la entidad (ver aparte).

La mutual es una institución que se nutre del aporte de sus socios, unos 1.800 en la actualidad, que aportan el 1,5 por ciento de sus sueldos y que, a cambio, pueden solicitar ayudas económicas, utilizar el camping y además cuentan con convenios con comercios para sacar artículos a crédito.

Apenas asumió su gestión, Cereso y su equipo empezaron a pedir informes a las autoridades salientes, pero fueron recibiendo el detalle a cuentagotas. Desde ese momento empezaron las sospechas de que no estaban frente a una gestión ordenada sino que, por el contrario, había números que no cerraban.

Por ejemplo, cheques emitidos al portador “sin la correspondiente orden de pago y el debido registro contable”. También faltaba la rendición de un subsidio que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) había otorgado a la Mutual en junio de 2013 por 564.942 pesos para la construcción de 4 cabañas en el camping de Pocito, pero que están inconclusas.

Por todas estas irregularidades, la comisión encabezada por Cereso realizó una denuncia penal el 12 del mes pasado ante la Fiscalía de Instrucción Nro. 4, a cargo de Teresa Ravetti de Ramet. Ya hubo requerimiento de instrucción y el juez Blejman, incluso, tomó las primeras medidas, como pedir informes a los bancos y a la AFIP y les tomó declaraciones testimoniales a los denunciantes.

La sospechas apuntan a los exdirectivos que, en el caso de Castro, estaba al frente del organismo desde el 2005. Pero, por la clase de delitos del que se los acusa, incluso en el caso de ser encontrados culpables no irán presos porque los ilícitos no son castigados con prisión de cumplimiento efectivo.