El juez federal con competencia electoral en San Juan, Miguel Gálvez, tendrá que investigar si el Correo Argentino cumplió o no con su obligación de repartir los votos de todas las fuerzas políticas en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Así lo ordenó la Cámara Nacional Electoral a instancias de una denuncia que hicieron dos precandidatos locales, porque la empresa supuestamente los perjudicó al no entregar sus boletas en algunas de las escuelas donde se sufragó. Al mismo tiempo, comunicó la situación al Ministerio de Justicia de la Nación para que asegure que la entidad cumpla sus deberes el próximo domingo.

El Correo Argentino fue contratado por el Ministerio del Interior de la Nación para que lleve a cabo tareas de logística en las primarias del 9 de agosto en todo el país. Entre otras cosas, debía recibir los votos de cada fuerza política y repartirlos en los establecimientos educativos junto a las actas de escrutinio y las urnas, además de retirar esos elementos tras la votación y llevarlos hasta el lugar donde se realiza el recuento final.

Su actuación en las PASO, al menos en San Juan, quedó en duda cuando Miguel Arancibia y Antonio Falcón, exprecandidatos a parlamentario del Mercosur y diputado nacional del frente Juntos por San Juan, presentaron una denuncia en la Cámara Nacional Electoral. Los dirigentes, que quedaron afuera de la general al perder la interna, aseguraron que le entregaron al Correo sus votos y que éste no los repartió en todos los centros de votación. Por eso, lo acusaron de romper el régimen democrático y privarlos de tener boletas en todos los cuartos oscuros, y pidieron que la cartera nacional que dirige Florencio Randazzo no le pague por los servicios que estaba obligado a prestar.

Los miembros de la Cámara Nacional Electoral se declararon incompetentes para intervenir, al entender que el órgano originario para un planteo de esa naturaleza es el Juzgado Federal Electoral de primera instancia del distrito en cuestión, es decir el que dirige Gálvez. Los camaristas dicen en su resolución que, "ante la gravedad del hecho denunciado", el magistrado sanjuanino "deberá instruir las actuaciones para determinar la veracidad de dicha afirmación y resolver sobre las eventuales responsabilidades del caso".

Si Gálvez determina que el Correo cumplió debidamente con su trabajo, no habría ninguna consecuencia. Pero si concluye que no entregó los votos de los denunciantes, hay dos caminos posibles. Si se trata de un incumplimiento parcial de contrato, el Ministerio del Interior quedaría habilitado para descontarle dinero del monto acordado por trabajar en las primarias. Si fuera un presunto delito electoral, por ejemplo "detención, demora y obstaculización al transporte de urnas y documentos electorales", fuentes judiciales afirmaron que todo sería remitido a un juez Penal. Además, agregaron, en los dos casos la fuerza política afectada podría demandar a la empresa por daños y perjuicios.

Aunque no opinó del tema de fondo por no ser competente, la comunicación que el órgano electoral envió al Ministerio de Justicia tiene fines preventivos. Por las dudas, le dice a esa cartera que "verifique la adecuada observancia del contrato de prestación de servicios del Correo", tanto para el 25 como para una eventual segunda vuelta.