En el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) han salido a blanquear un universo de alrededor de 500 casas cuyos moradores se encuentran bajo alguna situación irregular. Se trata de hogares cuyos titulares han perdido la adjudicación debido a que no los habitan y actualmente sí lo hacen personas que no están autorizadas por el organismo, ya que han comprado la vivienda a pesar de que no está cancelada, lo que no está permitido, vienen actuando como caseros o la ocupa un pariente que no formaba parte del núcleo familiar declarado. Si bien desde el Gobierno vienen pregonando que las casas que entrega la repartición tienen un fin social por lo que no se pueden vender, prestar o alquilar, la medida es excepcional y sólo contempla los casos ocurridos desde antes de junio de 2006. Y el motivo se debe a que hasta esa fecha no existió una fuerte campaña de información que reflejara que la cesión de un hogar sin estar cancelado representa una anomalía, explicó Martín Juncosa, interventor del IPV.
El funcionario y Oscar Montero, jefe Técnico del organismo, destacaron que la resolución que salió a fines de noviembre permite que las familias que viven pacíficamente en hogares en los que no son titulares tengan la chance de ser los futuros adjudicatarios, dado que cada caso será sometido a estudio por parte del área legal y social de la repartición. Antes, esos moradores corrían el riesgo de ser desalojados y tenían que esperar a ser beneficiados en un sorteo de viviendas por ejemplo. Por su parte, el que entrega una casa, como en una venta, sí o sí queda fuera del IPV. La medida no contempla a todos los casos ya que expresamente deja de lado a las personas que usurparon las casas y carguen sobre sus espaldas una denuncia en la Justicia. Cuando el organismo recupera un hogar ante situaciones insalvables, lo pone a evaluación de un grupo de postulantes que se encuentran en un listado de urgencia, que se caracteriza porque la familia vive en condiciones de precariedad, hacinada y con integrantes con graves problemas de salud, resaltó Montero.
Con el saneamiento, el IPV también apunta a recuperar el cobro de esas 500 casas que estaban en el limbo y así, incrementar los recursos para seguir alimentando el mecanismo de construcción. Por un lado, como los adjudicatarios las habían abandonado no pagaban la cuota. Y por otro, los moradores tampoco lo hacían porque no tenían la oportunidad de ser adjudicatarios y de convertirse en propietarios en un futuro. Por eso, con la posibilidad de regularizar su situación, este último grupo tendrá la obligación de pagar por la casa.