Una medida cautelar dispuesta por el titular del Juzgado Letrado de Jáchal, Pablo Oritja, le prohibió a la Municipalidad de Jáchal avanzar en el proyecto de instalación de gas domiciliario en ese departamento hasta tanto se resuelva el pleito que mantiene con Eduardo Rodari. El empresario, dedicado a la construcción y propietario de estaciones de servicio de GNC, inició los trabajos para dotar del servicio en 1995, pero por ordenanza le quitaron el contrato de las obras en 1999 y desde entonces se mantiene una pelea judicial con las distintas administraciones municipales que dura hasta ahora.
En la resolución del juez Oritja pide la suspensión de “todo trámite administrativo que importe modificación o alteración de los términos del contrato de obra celebrado entre la Municipalidad de Jáchal y la empresa constructora Eduardo Rodari”.
La medida es parte de la pelea entre la comuna y el empresario por la continuidad o no de los trabajos y que en el 2012 tuvo un nuevo incidente. Ese año en el municipio sostienen que le enviaron una carta certificada a Rodari en la que le comunicaban la rescisión del contrato que vinculaba a la partes. Y, como el empresario no la contestó, en la comuna entendieron que quedaron en condiciones de buscar otras alternativas para proveer del gas a los jachalleros. Pero Rodari afirma que nunca recibió la comunicación y que sus derechos están intactos. Y por eso demandó a la municipalidad, invocando estafa, falsedad material de documento y uso de documento falso. Esa causa se tramita en el Juzgado Federal Nro 2, a cargo del juez Leopoldo Rago Gallo. Y paralelamente hay otra causa en la Justicia jachallera, en el marco de la cual el juez Oritja dictó la cautelar.
En el medio de la pelea se calcula que están juego unos 20 millones de pesos, según las fuentes consultadas, que el municipio le debería pagar a Rodari por el reajuste de los costos de la obra, a lo largo de estos años.
Sobre el tema, Rodari dijo que “tanto el Intendente como los organismos vinculados a la obra no pueden encarar ninguna otra alternativa para dotar del servicio hasta tanto la Justicia resuelva los planteos judiciales en trámite”.
El intendente Jorge Barifusa sostuvo que “no tenemos problemas con Rodari, pero no hemos tenido señales de la empresa de querer continuar”.
Por el contrario el empresario dijo que tiene intenciones de proseguir, pero antes se debe resolver en qué condiciones y deben arreglar las causas judiciales en marcha.
La obra de la red de gas domiciliaria en Jáchal (ver aparte) comenzó en 1995 pero se paralizó y en vano han sido los esfuerzos hasta ahora por continuar.
El apuro por rescindirle el contrato a la empresa de Rodari es porque el municipio le encargó a una consultora en el 2009 un informe para determinar el estado de la obra y analizar la posibilidad de encarar la finalización para poder dotar del servicio a los habitantes del departamento norteño.
Esa año, la consultora Notar SRL se tomó casi 4 meses para realizar un estudio que determinó que hay dos alternativas como las más viables para completar las obras iniciadas en la gestión del ex intendente Nolberto Carbajal y poner en marcha el servicio. La primera es mediante la utilización de gas natural comprimido (GNC), que sería trasladado desde San Juan en camiones. Y la otra es alimentar la red con gas licuado de petróleo (GLP), que es el que se comercializa en garrafas y tubos, cuya provisión estaría a cargo de las compañías petroleras, como YPF.
Según dijo en su momento Barifusa, el municipio consideraba esta última alternativa como la más viable, con el antecedente de que es el sistema empleado en Malargüe (Mendoza) y Villa Unión (La Rioja).
Otra parte del estudio determinó que la red de gas ya instalada ‘se encuentra totalmente apta para continuar avanzando en su utilización‘, según dice el informe. Y aconsejó, por ejemplo, la puesta en funcionamiento de una estación de GNC para uso vehicular. Pero nada se ha logrado hasta ahora.