Primero iniciaron un reclamo administrativo y como les dijeron que no, decidieron ir a la Justicia. Tres jueces del fuero de Paz demandaron a la Provincia por no cumplir con la Constitución y la ley que dice que deben ganar lo mismo que un fiscal de primera instancia. Los magistrados piden que se los equipare con los agentes del Ministerio Público y reclaman un retroactivo por las diferencias que se acumularon desde que quedaron relegados. Aunque no cuantifican cuánto les correspondería, los tres planteos juntos suman un monto varias veces millonario.
En Tribunales cuentan que ya hubo jueces que demandaron a la Provincia por distintas cuestiones, pero que es la primera vez por razones salariales. Según fuentes judiciales, los que iniciaron acciones son Zulma Brizuela, Gerardo Zuliani y Stella Rodríguez y lo hicieron por separado. Los tres son magistrados de Paz de primera instancia de Capital y forman parte del lote que el año pasado hizo un planteo administrativo en la Corte de Justicia para que les adecuaran el sueldo a lo que dice la Ley Orgánica de Tribunales. La misma establece que los magistrados de ese fuero deben ganar lo mismo que un fiscal de primera instancia.
La cosa es así. El artículo 203 de la Constitución de San Juan contempla que el sueldo de los jueces de Paz se definirá en la ley Orgánica de Tribunales y ésta dice en su artículo 83 que ganarán lo mismo que un fiscal de primera instancia. De ahí que toman esas dos normas como base de sus argumentos.
Los haberes de esos funcionarios estuvieron equiparados durante décadas como lo manda la ley, hasta que en 2006 el máximo tribunal igualó salarialmente a los fiscales con los jueces de primera instancia de los otros fueros. En la práctica fue un aumento y la Corte de Justicia no lo replicó para el fuero de Paz, por lo que los ingresos de sus magistrados quedaron más abajo.
Finalmente, el tema se judicializó. Entre mayo y junio de este año, Brizuela, Zuliani y Rodríguez presentaron sus demandas en el Juzgado Contencioso Administrativo. Exigen que se empiece a cumplir la ley, de manera de quedar al mismo nivel salarial que los agentes del Ministerio Público.
Ninguno especifica monto, pero se puede determinar una aproximación a partir de la escala salarial que rige en el Poder Judicial desde el mes de marzo. Un fiscal de primera instancia tiene asignado un sueldo de algo más de 67 mil pesos y la remuneración de un magistrado de Paz asciende a unos 56 mil pesos, a lo que en ambos casos hay que sumarles el adicional por antigüedad (es un 2 por ciento extra por año desde que se recibieron de abogados y se calcula sobre un ítem que se llama “asignación de la categoría”). Sin contar la antigüedad, entonces, reclaman un incremento mensual de 11 mil pesos.
Teniendo en cuenta que el planteo incluye un pedido de pago retroactivo a partir del aumento que consiguieron los fiscales, hay una jugosa cifra en juego. Brizuela y Rodríguez ya eran juezas de Paz en 2006 y sus demandas representarían en conjunto más de 2,5 millones de pesos sin computar el impacto que el aumento salarial tendría en la antigüedad. Y la de Zuliani, quien asumió hace 4 años, sería equivalente a una suma cercana a los 500 mil pesos.
En la respuesta que dio al reclamo administrativo que hicieron algunos jueces de Paz por nota, los miembros de la Corte de Justicia aseguraron que no hay ninguna norma que les imponga dar el aumento. Entre otras cosas, indicaron en el seno del máximo tribunal, argumentaron que la Ley de Autarquía Judicial les da la facultad de fijar la escala de haberes del personal de los tribunales locales y, en forma complementaria, señalaron que el artículo 80 de la Ley Orgánica ya no tiene efecto a partir del digesto legislativo que se sancionó el año pasado.
En las presentaciones que formularon, los jueces de Paz atacan esos fundamentos. Por un lado, explicaron las fuentes, afirman que el artículo en cuestión se encuentra vigente. Por el otro, recuerdan que la Corte de Justicia está habilitada a fijar los sueldos “salvo disposición en contrario” y afirman que, en este caso, esa disposición es la Ley Orgánica que los equipara con los fiscales de menor rango.
Las demandas ya están en manos del fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, quien designó al abogado Federico Gutiérrez Evans para que ejerza la defensa. Después de que el letrado conteste los términos de los planteos, él se verá las caras con los jueces ahora en una audiencia de conciliación. Si hay acuerdo, los procesos judiciales en marcha quedarán en la nada. Si no, seguirán adelante hasta que la Justicia diga quién tiene la razón, si el Estado o los tres magistrados.
Los jueces de Paz de primera instancia son 25 en toda la provincia y si bien Brizuela, Zuliani y Rodríguez son los únicos que han optado por accionar por la vía judicial, los demás podrían verse beneficiados si existiera una resolución a favor de sus colegas.