Las estadísticas no favorecen en nada al juez que está señalado como el principal responsable de la prescripción de la causa por el colapso cloacal de Santa Lucía. Un informe que está en manos de la Corte de Justicia dice que el camarista Héctor Fili tenía a julio de este año 21 casos sin resolver; mientras que sus compañeros de la Sala III estaban casi al día. La situación parece ser una costumbre, ya que hace diez años atravesó por una situación crítica cuando dejó prescribir una causa por un siniestro de tránsito que le costó 30 días de suspensión.

El informe es una especie de balance que los magistrados le presentan al máximo tribunal todos los años, antes de cada feria judicial. Según el documento, Fili tenía a mediados de año 21 causas asignadas y para peor, según fuentes cercanas al máximo tribunal, algunas hace un año y medio que llegaron a sus manos y aún no fueron resueltas.

Esos números no llamarían la atención si no fuera por los que registran sus dos colegas de la Sala III de la Cámara Penal. El juez Ricardo Conte Grand tenía en ese entonces tres casos asignados para resolver y Eugenio Barbera dos.

Para dimensionar mejor las estadísticas, hay que entender el mecanismo de trabajo de un tribunal colegiado. Los recursos de apelación que llegan desde la primera instancia son asignados primero a uno de sus tres integrantes para que resuelva y de ahí van pasando de mano en mano hasta completar los tres votos. Es decir, todos los miembros de la Sala deben intervenir, estudiar y expedirse sobre las causas que ingresan.

Esta semana, Fili quedó en el centro de una polémica que golpea duro al Poder Judicial: la prescripción de la causa penal por el colapso del sistema cloacal de Santa Lucía en 2003. En la práctica significa que el caso se archivará a raíz de las demoras judiciales para resolver y que nunca se podrá determinar si los implicados fueron los culpables por la rotura de la red y el desastre ambiental y económico que causó (Ver Claves).

Al aparato judicial se le vencieron los seis años que tenía a contar desde las indagatorias para terminar la instrucción y llamar a juicio o archivar el caso. Y en ese contexto, Fili está en el ojo de la tormenta. Pasa que el magistrado tardó 2 años y 4 para resolver el recurso de apelación de los procesamientos -más de dos tercios del plazo total- y lo hizo porque un abogado defensor cansado de la demora le presentó un pronto despacho. Ese plazo vuelve a contrastar con el de sus compañeros, que resolvieron mucho más rápido (Ver En números)

El juez habló ayer con DIARIO DE CUYO y aseguró que su demora estuvo justificada. Y aunque dijo que no espera ninguna sanción del máximo tribunal, aseguró que se defenderá si piden su destitución (Ver Ocho preguntas).