El juez que está a cargo de la megacausa de las expropiaciones, Benito Ortiz, resistió la recusación que le hizo el abogado defensor de la exmagistrada Rosalba Marún, Cayetano Dara, y le pidió a la Sala I de la Cámara Penal que le aplique una sanción. Esto último, según fuentes judiciales, porque considera que el letrado usó términos agraviantes en el planteo que formuló. Los posibles castigos van desde un apercibimiento hasta la suspensión para ejercer la profesión, aunque pueden ser revisados por la Corte de Justicia.
Ortiz quedó al frente del sonado caso este mes como reemplazante temporal de su excolega María Inés Rosselot, que se jubiló. Apenas se enteró de la designación, Dara recusó al magistrado bajo el argumento de que ya intervino en dos denuncias que se desprendieron de la causa expropiaciones (una por prevaricato y otra por abuso de autoridad contra Rosselot) y en el Jury de Enjuiciamiento que no llegó a concretarse contra Marún porque renunció. Las dos denuncias fueron archivadas y el letrado dice en su escrito, entre otras cosas, que el proceder del magistrado fue “absolutamente tendencioso, persecutorio y violatorio” y que conculcó derechos “de un modo por demás arbitrario e ilegal”.
El juez Ortiz tenía dos opciones: hacer caso al planteo de Dara y apartarse de la causa o resistir y no inhibirse. Se inclinó por la segunda, al entender que no hay motivos para suponer que no será imparcial en el caso de las expropiaciones. Incluso, sobre su participación en el Jury, aclara que fue en calidad de secretario y que como tal, no tiene opinión en los fallos del Tribunal.
Junto a su negativa para dar un paso al costado, les solicita a los miembros de la Sala I que le apliquen una sanción por los términos de Dara a la hora de recusarlo. Se toma de las atribuciones disciplinarias que les da a los jueces el Código de Procedimiento Penal para con los abogados en los casos donde cometen exabruptos que van más allá de los fundamentos jurídicos a favor o en contra de una resolución.
El tema está ahora en manos de los integrantes de la Sala I, Juan Carlos Caballero, Silvia Peña y Raúl Iglesias. Primero, deben resolver si corresponde que el juez se aparte de la causa o si puede intervenir. Después será el turno de decidir si sancionan o no a Dara. Le pueden imponer un apercibimiento, suspenderlo o el pago de una suma de dinero. El eventual castigo puede no ser definitivo, porque en el caso de las dos últimas posibilidades puede ser recurrido ante el máximo tribunal de la provincia.