A pesar de haber sido destituido del cargo de juez por su participación en el escándalo de las expropiaciones, Carlos Macchi pretende que el Poder Judicial le siga pagando el sueldo. Ese fue el planteo que presentó en la Corte de Justicia, aduciendo que la sentencia que lo removió no está firme y que sus efectos deben ser suspendidos. El máximo tribunal le dijo que “no” y así, sumó un nuevo revés en su intento por aferrarse al puesto que ocupó hasta diciembre.
Macchi estaba al frente del Juzgado Civil Nº 5 y fue separado del cargo por unanimidad por el Jurado de Enjuiciamiento, quien lo encontró responsable de haber cometido severas irregularidades en cinco juicios de expropiaciones que le costaron millones de pesos a la provincia. Y como se sospecha que de esa forma favoreció al abogado Santiago Graffigna, fue denunciado después en la megacausa penal donde se investiga una presunta red ilícita de jueces, abogados y funcionarios que habría estafado al Estado en cifras escalofriantes.
El exjuez recurrió a la Corte de Justicia para que revea su destitución y mientras espera el resultado, le elevó otro pedido para que le continúe liquidando los haberes de juez. Como argumento, invoca el carácter alimentario que tiene el sueldo y expone que las consecuencias del fallo en su contra se deben suspender hasta que se resuelva el recurso que presentó. “Con la antigüedad de él, son 40 mil pesos en el bolsillo”, dijo una fuente calificada de Tribunales acerca de la cifra mensual en juego.
La Sala II del máximo tribunal, compuesta Juan Carlos Caballero Vidal, Adolfo Caballero y Carlos Balaguer, fue contundente y en su dictamen dijo que “el pedido debe ser rechazado sin mayores consideraciones”. Según los cortistas, el recurso extraordinario que presentó Macchi no tiene efecto suspensivo, lo que implica que los efectos del fallo de destitución no se deben congelar. Llevado a la práctica, el exjuez no percibirá el sueldo por el cargo que ya no ocupa.
Si bien no la invoca, la Constitución de San Juan versa sobre el tema y sirve de fundamento a lo resuelto por la Corte. En su artículo 232 señala que cuando un juez es removido, queda “separado definitivamente” del cargo y sujeto a los tribunales ordinarios. Es decir, la sentencia y sus consecuencias se deben cumplir, al margen de lo que posteriormente resuelva la Justicia.
Ese mismo artículo fue parte de los argumentos que invocó el mes pasado la titular del Juzgado Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, ante otro planteo de Macchi. El exmagistrado quería que no designaran a nadie en su lugar hasta que la Corte resuelva el recurso contra su destitución, pero la jueza se lo denegó al recordar que quedó separado “definitivamente” del cargo y que se deben tomar las medidas del caso para nombrar a un reemplazante.
Los cortistas y la jueza coinciden en que el cumplimiento de la sentencia no se puede suspender. Sin embargo, los primeros siguen sin comunicar la vacante al Consejo de la Magistratura para que se designe a un sucesor. Tampoco ha nombrado a un interino, lo que ha generado molestias en los magistrados civiles que subrogan en el exjuzgado de Macchi porque les causa demoras en sus propias causas.