En la declaración por escrito que dio como testigo en el Jury contra su colega Carlos Macchi, el juez Roberto Pagés preopinó acerca de un juicio en el que tiene que intervenir y quedó expuesto a ser recusado. El magistrado se encuentra bajo la lupa de Fiscalía de Estado porque tuvo participación en expedientes de expropiaciones con anomalías y el proceso en cuestión es el de la expropiación del Parque de Mayo, en donde hay sospechas de que se cometieron severas irregularidades y nada menos que 1.500 millones de pesos en juego para el Estado provincial. En el organismo interpretan que el magistrado podría haber adelantado opinión a propósito, para sacarse de encima un tema tan espinoso.
Pagés, al igual que una serie de jueces civiles, fueron citados como testigos por la defensa del juez Macchi, quien está siendo sometido a un proceso que puede terminar en su destitución por su participación en escandalosas causas de expropiaciones. Al igual que el Gobernador o los ministros, el juez Pagés tenía la facultad de contestar por escrito y así lo hizo. Este diario tuvo acceso a las respuestas que dieron los magistrados, que ya tienen en su poder las partes en el Jury, y ante una pregunta sobre la causa Lobbe de Morón, llamada también Parque de Mayo (ver aparte), respondió que “si la Provincia de San Juan es bien defendida por la Fiscalía de Estado, nada debe pagar en reclamos como éste”.
Hacía referencia a un fallo de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, en la causa “Establecimiento La Magdalena SA c/Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/expropiación inversa”, en el que se sostuvo que no se debía pagar una expropiación “transcurridos más de 20 años desde la desposesión”. Así, en otras palabras, Pagés dijo que el Estado sanjuanino no debería hacer frente a la expropiación del Parque de Mayo porque ya prescribió.
El juicio por el pulmón verde de la ciudad está suspendido por una cautelar que dictó la jueza María Inés Rosselot, que investiga si en juicios de expropiaciones actuó una asociación ilícita para estafar a la provincia. Cuando se reactive, Pagés y sus compañeros de la Sala II tienen que resolver la apelación que presentó el Estado. Pero al tomar posición de antemano, quedó a tiro de ser recusado y obligado a apartarse del proceso.
Los jueces suelen cuidarse al extremo de adelantar opinión y lo toman como un ABC, ya que los puede dejar afuera de la causa. Por eso, en Fiscalía de Estado se declararon sorprendidos e interpretaron que lo podría haber hecho intencionalmente para evitar tener que intervenir en un tema tan delicado.
Pagés estuvo al frente del Colegio de Magistrados de la provincia, la entidad que nuclea a los jueces, hasta abril pasado, pero pidió licencia en sus funciones hasta diciembre, fecha en la que concluye su mandato.
El alejamiento del magistrado se produjo en medio de un clima en el que reinaban las críticas de algunos integrantes de la entidad, que venían advirtiendo que debería haber dado un paso al costado hasta que se resuelva su situación en la causa de las expropiaciones, en la que está en la mira de Fiscalía de Estado, para que la institución no quedara salpicada por el escándalo.
Las críticas de sus pares habían surgido en diciembre, cuando le sugirieron que se tomara una licencia hasta que se aclarara si tuvo o no algo que ver con el escándalo. Es que consideraban que la entidad se veía involucrada en el tema de las expropiaciones y que cada movimiento que hiciera podía interpretarse como una defensa corporativa del presidente. El planteo cobró vigencia luego de que las renuncias en la Comisión Directiva llegaran a 7 (de un total de 18 miembros), lo que ponía en riesgo la conducción, ya que si quedaban menos de 9, no se tenía el quórum necesario para funcionar. Finalmente, Pagés solicitó la licencia y Gustavo Almirón quedó al frente de la institución.
En su respuesta al pliego de preguntas, Pagés sostuvo con referencia al fallo de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata que “tal doctrina jurisprudencial permitiría no pagar unos 1.500 millones de pesos por la expropiación de 5 hectáreas del Parque de Mayo”.
Pero, a pesar de esa opinión, en Fiscalía de Estado consideran que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no tiene en cuenta plazos para que se extinga el derecho a percibir el monto de una expropiación.
En otro pasaje había expresado que “los jueces deben ser independientes e imparciales, persiguiendo con objetividad y con fundamento en la prueba la verdad de los hechos”.