Por las distintas causas judiciales iniciadas por los empleados de la Municipalidad de la Capital contra la comuna con el patrocinio de los abogados de la Unión de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) en reclamo de la aplicación del acuerdo salarial firmado en 1995 entre el gremio y el entonces intendente Javier Caselles, ya fallecido, la actual gestión de Marcelo Lima ya perdió alrededor de un millón de pesos que quedaron en manos de abogados de la contraparte, en juicios ya pagados o a pagar. Y podría tener que llegar a afrontar el pago de otros 5 millones de pesos, también de honorarios, cuando quede firme una sentencia que en primera instancia le fue desfavorable a la comuna en un juicio iniciado por unos 1.240 municipales que reclamaron el pago de diferencias salariales adeudadas desde el 1ro. de enero del 2003, según dijeron altas fuentes del municipio.

En todos los casos se trata de montos que percibirán los abogados del gremio, encabezados por el asesor letrado del SUOEM, Antonino D’Amico, y los letrados Mario Pellegrini y Jorge Ocampo, entre los principales, según dijeron fuentes del municipio. Pero en ningún caso han cobrado o está previsto que lo hagan los empleados municipales, que son los que reclaman la diferencia salarial.

Es porque, según las fuentes municipales, a pesar de estar vigente la emergencia económica provincial a la que adhirió el municipio y que protege las arcas comunales de eventuales demandas judiciales, los honorarios de los abogados al igual que los salarios tienen carácter alimentario y por eso estos conceptos no están exceptuados de la emergencia. En el caso de la Capital optaron por pagar los honorarios de los abogados pero se han encontrado ante la imposibilidad de hacer frente a las diferencias salariales que fijaba el convenio por falta de recursos. Y eso ha sido común a todas las administraciones municipales, desde 1995 hasta ahora. En el municipio capitalino no hay cálculos de cuánto significaría el pago de esas diferencias. Y hay reclamos de los trabajadores en forma individual y también en forma colectiva, como el de los 1.240 municipales.

Esta situación ha generado que desde el municipio, el jefe de Gabinete, Mario Herrero, saliera a criticar con el argumento de que "el convenio del "95 fue una irresponsabilidad de las partes que lo firmaron porque se acordó algo que estaba fuera del alcance del municipio".

"Muestra de ellos es que durante 5 gestiones, desde Caselles a la fecha, no se ha podido cumplir y los únicos beneficiados han sido los abogados patrocinantes de las causas", dijo el funcionario.

Desde el gremio, D’Amico respondió que "si hay abogados beneficiados es porque alguien perdió el juicio y habría que averiguar quiénes son esos funcionarios".

El origen del conflicto se remonta al acuerdo salarial firmado en paritarias en 1995 entre el gremio y Caselles. Establecía que los sueldos quedaban atados al salario mínimo, vital y móvil o al ingreso del intendente, lo que fuera más conveniente para el empleado. Pero todos los jefes comunales que pasaron por el municipio desde entonces llegaron a la misma conclusión: que no se podía cumplir el acuerdo por falta de recursos.

La causa más importante data de un reclamo iniciado en 2005 por unos 1.240 trabajadores que tuvo resolución de la Justicia Civil en mayo de este año y que condenó al municipio a pagar una cifra por diferencias salariales que, según pericias judiciales, rondaría los 40 millones de pesos. El municipio apeló y ahora la causa está en la Cámara de Apelaciones en lo Civil. Cuando quede firme, los honorarios rondarían los 5 millones de pesos, calculando que la Justicia estipula como pago por el trabajo de los abogados una cifra que ronda entre el 10 y el 30 por ciento del monto de la demanda.